Jueces penales bonaerenses rechazaron el pedido de juicio político contra un magistrado de San Nicolás

La Red de Jueces Penales Bonaerenses expresó su respaldo al juez Alejandro López, del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, y advirtió sobre los riesgos que, a su entender, implica utilizar el mecanismo de juicio político para cuestionar decisiones judiciales. “El asedio a la Justicia no puede ser una política pública”, señalaron.
20 de Octubre de 2026 | Primera Plana

La Red de Jueces Penales Bonaerenses manifestó su “más enérgico repudio” a las declaraciones públicas y a la promoción de un juicio político contra Alejandro López, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, al considerar que estas acciones se basan en información parcializada y pueden afectar la independencia judicial.

A través de un documento fechado este lunes 19 de octubre, la entidad sostuvo que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, pero remarcó que el sistema legal establece mecanismos específicos para impugnarlas. En ese sentido, advirtió que recurrir al jury de enjuiciamiento como respuesta a una sentencia que no satisface las expectativas de una de las partes resulta impropio.

Según la organización, este tipo de iniciativas puede transmitir un mensaje al conjunto de los magistrados para condicionar sus decisiones futuras. El pronunciamiento cuestiona particularmente la intención de promover la remoción de un juez para evitar que otros magistrados resuelvan casos similares de acuerdo con la valoración de las pruebas y el derecho vigente.

La Red también recordó antecedentes en los que se impulsaron mecanismos de juicio político contra jueces de garantías y de ejecución penal por decisiones vinculadas con la prisión preventiva y el cumplimiento de las penas. Para la entidad, esta práctica se extendió progresivamente hacia los tribunales de juicio y representa un riesgo para las garantías constitucionales.

“Por este carril de asedio a las facultades constitucionales asignadas a los jueces, el conjunto de las garantías constitucionales será letra muerta”, advirtió el documento, que también alertó sobre las consecuencias para las libertades y los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, la organización reclamó que el diálogo entre los poderes del Estado no se construya mediante presiones sobre los magistrados.

El comunicado lleva las firmas de Nicolás Schiavo, presidente de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, y Gabriela Topalian, secretaria.

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