Este 30 de diciembre se cumplieron cinco años de la aprobación de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una norma que marcó un cambio estructural en el acceso a derechos en Argentina. Sin embargo, lejos de un balance lineal, un nuevo informe de Amnistía Internacional Argentina advirtió sobre retrocesos en la implementación de la ley y alertó por un escenario cada vez más restrictivo.
El documento, titulado “También es por vos”, señaló la persistencia de barreras históricas y la aparición de nuevos obstáculos que dificultan el acceso al aborto legal en distintas provincias. Según la organización, durante el último año se registró un aumento del 275 % en consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento vinculados a problemas para acceder a la IVE, en comparación con 2023.
La magnitud del fenómeno quedó expuesta en otro dato relevante. Entre enero y abril de 2025, Amnistía recibió 160 casos, lo que equivale al 133 % del total de denuncias registradas durante todo 2024. Para la entidad, estas cifras muestran un deterioro acelerado en las condiciones de acceso, incluso en territorios donde la ley debería estar plenamente garantizada.
Entre las causas de estos retrocesos, el informe apuntó al avance de discursos regresivos y políticas restrictivas contra los derechos de mujeres y personas LGBTI+, impulsados, según la organización, en nombre de la llamada “ideología de género”. En ese marco, se denunció un clima institucional que desalienta la aplicación efectiva de la norma.
Pese a las alertas actuales, Amnistía Internacional Argentina recordó que la ley generó avances concretos en salud pública desde su sanción. Entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público, mientras que el 90 % de las interrupciones se realizó durante el primer trimestre, gracias a mayor información y atención de calidad. Además, se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan tanto la IVE como la ILE en todo el país.
Ese escenario comenzó a modificarse, según el informe, con la llegada del presidente Javier Milei, período en el que se denunció un “desmantelamiento sistemático” de las políticas de salud sexual y reproductiva. Uno de los puntos más críticos fue la suspensión de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para garantizar abortos seguros.
A esto se sumó el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), pese a su impacto comprobado, y una drástica reducción en la entrega de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo. Durante 2025, la organización recibió más de 400 casos vinculados a barreras de acceso al aborto, una cifra que triplica ampliamente las denuncias del año anterior.
El informe también comparó datos oficiales de provisión de insumos. En 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 de combipack, mientras que en 2024 no se entregó ningún insumo a las provincias para garantizar el acceso al aborto. Como consecuencia, más de la mitad de los efectores reportaron falta de misoprostol y casi la totalidad informó desabastecimiento de mifepristona y combipack. A ese cuadro se sumó una reducción del 81 % en la distribución de anticonceptivos y test de embarazo entre 2023 y 2024.
Las barreras también aparecen, según Amnistía, en lugares donde debería haber atención garantizada. Hospitales públicos de distintas localidades informaron no contar con medicación disponible, pese a que la provisión de insumos es una obligación legal del Estado. En otros casos, se exige a las personas que compren misoprostol por su cuenta, una práctica ilegal e inaccesible para muchas, junto con consejerías disuasorias, maltratos y hostigamientos destinados a forzar un cambio de decisión.
A este escenario se suma la falta de información oficial. “No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley”, alertó la organización. En ese contexto, casi el 60 % de los casos recibidos en 2025 corresponde a barreras para acceder a información clara y precisa sobre dónde y cómo realizar un aborto legal.
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