El juez Ernesto Kreplak ordenó este lunes el allanamiento en la casa de la jefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Bisio en el marco de la investigación de 96 muertes por el suministro de fentanilo contaminado. En esa línea, también se allanó a la exresponsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y de otros tres directivos de ese ente.
En el marco de esos procedimientos, ordenó el secuestro de los celulares de los funcionarios y el retiro de documentación de la sede central de la ANMAT y las oficinas del INAME.
El objetivo de los múltiples procedimientos fue “preservar elementos de prueba de carácter documental y los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”.
Las órdenes involucraron la actual titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, quién se encontraba en su casa en Olivos. También fue allanada la extitular del Iname Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, en Quilmes; la directora de fiscalización y gestión de riesgo del Iname, Ana Laura Canil; la directora de post-comercialización y acciones regulatorias del Iname, Mariela Baldut, y el jefe de departamento de inspectorado del Iname, Maximiliano Carlos Lalín, todos en la Ciudad de Buenos Aires.
La muerte de (hasta ahora) 96 personas, a quienes les suministraron fentanilo en las terapias intensivas de una decena de establecimientos sanitarios del país, se enfocó principalmente en la empresa que comercializó el fármaco, HLB Pharma, y el fabricante, Laboratorios Ramallo.
Ambas -igual que la droguería que los repartió- pertenecen a la familia de Ariel Fernando García Furfaro, quien está detenido en esta causa junto con otros seis sospechosos.
Sin embargo, hace tiempo que también se apunta hacia las deficiencias en los controles, tanto en las fallas en los mecanismos de regulación como la relajación en la tarea de inspeccionar y sancionar a los laboratorios, un resorte que es exclusivo de ANMAT.
Cabe recordar que Bisio había declarado como testigo cuando recién se inició el proceso. Sin embargo, en el requerimiento donde los fiscales pidieron las indagatorias de los responsables, se enumeraron una serie de irregularidades que habrían cometido los funcionarios.
Según la fiscalía, la ANMAT y esas dependencias tuvieron “ineficiente tarea de contralor”. Y aunque no se identifican cuestionamientos directos o individuales explícitos hacia Mariela Baldut, Ana Laura Canil o Maximiliano Lalín, sus firmas aparecen en informes que documentan las deficiencias.
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