La fiscal Mayra Vuletic, a cargo de la investigación por las reiteradas amenazas de bomba contra la Escuela de Enseñanza Media Nº 446 “Juan Bautista Alberdi” (ex Nacional N° 1) y la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N°584 “Raúl Ricardo Alfonsín” (ex Anexo del Nacional 1), aseguró que los casos, en principio, no tendrían relación alguna con hechos de microtráfico ni con el narcotráfico, y que la principal línea de trabajo apunta a situar los episodios dentro de un fenómeno de alcance nacional, donde se registraron intimidaciones similares en distintos puntos del país.
“Pensamos que la amenaza al ex Nacional 1 no tendría que ver puntualmente con una cuestión relacionada a la escuela, sino con un movimiento que fue tendencia en estos días de amenazar a distintas instituciones educativas públicas con presencia de bomba”, explicó Vuletic en diálogo con Venado24.
Por otra parte, la fiscal confirmó que la persona detenida por la amenaza de ayer al Anexo “tiene estrecha vinculación únicamente con ese episodio”, aunque se están realizando numerosas diligencias, como la apertura de los teléfonos secuestrados, para establecer si existe relación con las intimidaciones que afectaron al Nacional 1. A la vez, informó que el próximo martes se realizará la audiencia imputativa correspondiente.
En ese sentido, recordó que en los últimos días también se llevaron adelante allanamientos en Venado Tuerto, vinculados a la investigación por las amenazas al Nacional, y que se están cruzando datos con lo sucedido en otras provincias: “Estamos intentando verificar si las amenazas recibidas al Nacional tienen que ver con otras cadenas de amenazas que se recibieron en escuelas públicas de diferentes lugares del país. En San Juan, por ejemplo, hubo 17 alarmas de bomba entre el lunes y el viernes”, detalló.
El origen de las llamadas
Vuletic precisó que los llamados intimidatorios provienen de distintas jurisdicciones: en un primer momento se rastrearon números de la provincia de Buenos Aires, pero también existen líneas que figuran a nombre de abonados que no serían los verdaderos usuarios. Esto, señaló, dificulta la investigación y obliga a realizar diversas medidas de descarte.
“Tenemos un montón de telefonía secuestrada que debe peritarse, lo que llevará varios días, porque se trata de diligencias que deben notificarse con fecha precisa”, explicó.
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