En marzo de 2024, la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás, dedicada a la fabricación de agroquímicos, sufrió la explosión de un reactor que obligó a evacuar los barrios cercanos y motivó la clausura del predio. Tras ese episodio, reabrió sus puertas en noviembre pasado. La habilitación fue autorizada por la Justicia luego de que la empresa presentara un Plan de Gestión Ambiental y obtuviera el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, con condiciones de funcionamiento y controles periódicos exigidos como parte de la reapertura.
Sin embargo, una inspección del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires en junio de este año detectó una nueva irregularidad en el manejo de residuos peligrosos. El 9 de junio, agentes de la Autoridad del Agua (ADA) constataron la existencia de una bomba que evacuaba líquidos hacia el suelo natural dentro del predio, cerca de la barranca del río Paraná. Según se detalló en una audiencia posterior ante la jueza Luciana Díaz Bancalari, el mecanismo incluía una conexión clandestina que vertía efluentes industriales.
Desde Greenpeace advirtieron que ese sector del predio está próximo al río, lo que representa un nuevo riesgo de contaminación hídrica. El acta de los inspectores señaló encharcamientos y acumulación de líquidos en el suelo, que eran expulsados con la bomba desde el sistema de tratamiento de efluentes de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde la organización ambientalista.
En diálogo con la prensa, el abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
Atanor ya cuenta con una sentencia por daño ambiental: en 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás dio lugar a un amparo de incidencia colectiva, condenando a la firma por volcar sustancias tóxicas sin tratar al río Paraná.
Ante esta reiteración de infracciones, Maggi presentó un pedido de medida cautelar para frenar el “desmanejo de efluentes industriales, que por su naturaleza son residuos peligrosos”. El planteo judicial apunta a impedir que Atanor genere efluentes líquidos, interrumpiendo su acceso tanto al agua subterránea como a la del río.
Desde Greenpeace, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra reforzó la denuncia: “Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales y pone en riesgo el ambiente y la salud de toda la población”.
Tras la audiencia del 13 de junio, la jueza Luciana Díaz Bancalari notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal, con el objetivo de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y operarios de la empresa. Además, pidió a la Autoridad del Agua que elabore un nuevo informe técnico para determinar el grado de impacto ambiental provocado por los vertidos detectados y evaluar los riesgos asociados. La planta sigue operando debido a un acuerdo previo con la magistrada, que permitió su reapertura bajo ciertas condiciones, las cuales ahora podrían revisarse ante este nuevo episodio.
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