El abogado ambientalista Fabián Maggi aseguró que la decisión de Atanor de relocalizar su producción no fue voluntaria, sino consecuencia directa de una clausura total preventiva dispuesta por la Autoridad del Agua. La empresa lo anunció durante una audiencia judicial convocada tras confirmarse la contaminación en los vertidos industriales.
“La empresa presenta su salida como una decisión propia, pero en realidad está acorralada judicialmente”, dijo Maggi en diálogo con el programa “Es por acá”. En esa línea, aseguró que el análisis de un vuelco clandestino reciente reveló más de 30 contaminantes en las aguas industriales. Ese resultado fue determinante para que la Autoridad del Agua dispusiera la clausura preventiva total, situación que, según Maggi, Atanor intentó anticipar con el anuncio de traslado.
“Cuando la jueza convocó a las partes a una audiencia informativa, la empresa sorprendió al anunciar su relocalización. No fue espontáneo: sabían que la clausura definitiva era inminente”, afirmó.
El abogado recordó que el reclamo de relocalización lleva más de 16 años y denunció la inacción del Estado: “Este tiempo excesivo es responsabilidad exclusiva de los organismos de control, que han actuado con connivencia y corrupción”. También apuntó contra la continuidad de los mismos funcionarios que firmaron estudios de impacto ambiental que “falseaban datos evidentes”, como la distancia de la planta respecto a las viviendas del barrio Química.
Maggi cuestionó que los organismos responsables del control ambiental, que no actuaron con eficacia durante años, sean ahora quienes supervisen la relocalización de la planta.
Advirtió, además, que el pasivo ambiental en San Nicolás “sigue contaminando” y que si no hay controles reales, la empresa puede replicar este modelo en su nuevo destino. “Si el Estado no ejerce controles reales y eficaces, se corre el riesgo de que la empresa repita en otro territorio la misma lógica: reducir costos evitando inversiones ambientales, contaminar sin consecuencias y luego retirarse dejando pasivos ambientales que afectan a la población y al ecosistema”, subrayó Maggi, en referencia a la preocupación expresada por organizaciones de Pilar y Río Tercero, dos de los destinos posibles para la relocalización.
La expresión “externalizar los costos ambientales” hace referencia a una práctica empresarial en la que los impactos negativos sobre el ambiente —como la contaminación del aire, el agua o el suelo— no son asumidos económicamente por la empresa que los genera, sino que recaen sobre la comunidad, el ecosistema o el sistema de salud pública. Es decir, la firma evita invertir en tratamientos o tecnologías para reducir el daño ambiental y transfiere esos costos al entorno social.
Sobre los trabajadores, afirmó que no hay despidos previstos por el momento, sino que el acta firmada menciona instancias de capacitación y relocalización. También señaló que la propia empresa sigue sin producir en San Nicolás debido a la clausura vigente.
“Ya no están operando. La relocalización anunciada era un pedido de la comunidad, que finalmente tuvo respuesta porque los estudios ambientales son irrefutables. La empresa se anticipó para evitar un escándalo mayor cuando se conocieran públicamente”, concluyó.
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