El 19 de marzo pasado, la empresa Dycasa, contratista de obra pública en todo el país, despidió a los 36 empleados que quedaban en su taller de San Pedro y cerró las puertas de la planta ubicada en ruta 191 y 9, en medio de una crisis por el parate de proyectos a nivel nacional.
Dycasa no sólo dejó a esas 36 familias sin su sustento sino que además cerró con una deuda por más de 26 millones de pesos con la Municipalidad, que la Dirección de Rentas intenta cobrarle.
La empresa debe tasa de seguridad e higiene desde 2014, el año que en la ordenanza impositiva modificó la manera de calcular el pago y dispuso que compañías con importante facturación paguen de acuerdo a la declaración de ingresos brutos.
Dycasa no pagó nunca más ese tributo desde entonces. Primero omitió presentar las declaraciones juradas, lo que obligó al Estado local a determinar de oficio el monto a abonar por el gravamen.
Luego interpuso queja por "desproporcionalidad de la tasa" y también planteó la muchas veces discutida presunta falta de contraprestación, aunque el Municipio tiene las actas de inspección de seguridad e higiene que invoca el tributo para existir.
El último planteo de la empresa fue para solicitar prescripción de la deuda y también fue rechazado, puesto que la Municipalidad había iniciado el juicio de apremio en el Juzgado de Paz para los períodos pasibles de ser prescriptos.
Dycasa debe 82 boletas por tasa de seguridad e higiene emitidas por el Municipio, que suman un total de 13,5 millones nominales más casi 13 millones de recargo, lo que arroja una deuda total exigible de 26.410.419,57 pesos.
Tras el rechazo de la Secretaría de Economía al reclamo administrativo interpuesto por la empresa, la Dirección de Rentas quedó en condiciones de solicitar el embargo de cuentas.
Desde el Gobierno confirmaron que hay un "proceso de convenio" para un plan de pago.
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