Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, al cierre de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró una caída real cercana al 29% en comparación con 2023. El dato, de acuerdo con CEPA, expone la magnitud del ajuste fiscal aplicado por el Gobierno, con impacto directo en áreas sensibles como salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública.
Según el estudio, mientras el gasto total se redujo de manera significativa, algunas partidas mantuvieron o incluso incrementaron su peso relativo. Es el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, cuya ejecución creció un 52% en términos reales respecto de 2023. En paralelo, los servicios de la deuda pública concentraron el 8% del gasto total, consolidándose como uno de los rubros de mayor incidencia presupuestaria.
El recorte fue particularmente profundo en el área de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 72%, mientras que hospitales nacionales registraron ajustes de entre el 20% y el 42%. También se redujeron de manera significativa los recursos destinados al Instituto Malbrán (-26%) y a la ANMAT (-25%). Programas de prevención y atención sanitaria quedaron virtualmente paralizados, con ejecuciones cercanas a 0, a excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que mostró un leve crecimiento del 5%.
En ciencia y tecnología, el informe describe un escenario de retracción generalizada. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el Conicet un 32% y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%. A estos recortes se suman las disminuciones en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino y distintos organismos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico del país.
Las políticas sociales y educativas también estuvieron entre las más afectadas. En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante 2025, mientras que las becas estudiantiles y la formación docente sufrieron recortes superiores al 70%.
Los organismos de Seguridad Social muestran disminuciones relevantes: Anses registra un recorte del 5%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 73%, y el Inaes del 73%. En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%).
El ajuste se extendió además al transporte, la obra pública y las transferencias a provincias y municipios, con reducciones que en muchos casos alcanzaron el 100%. De acuerdo con el CEPA, este cuadro configura un escenario de fuerte contracción del gasto público, que compromete la continuidad de políticas esenciales y redefine las prioridades del Estado nacional en un contexto económico adverso.
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