El Gobierno comenzó la campaña bonaerense con una imagen llamativa: todos los candidatos, vestidos de violeta, posaron junto a una pancarta que afirmaba “Kirchnerismo Nunca Más”, apropiándose de un símbolo del Nunca Más de manera irónica.
Este uso del lema lleva una mueca pesada: mientras se ríen con la memoria, avanzan despidiendo gente y achicando estructuras dedicadas a preservar la historia reciente. El recorte más visible fue el de la Secretaría de Derechos Humanos, bajó a subsecretaría, despidieron a cerca de 405 personas (cerca del 44 % de su planta), eliminaron jerarquías y frenaron el diálogo con el personal. Se suspendió hasta la limpieza de edificios: “hasta sacaron el papel higiénico de los baños”, denunciaron trabajadores
Los recortes llegaron hasta los espacios periféricos: en la ex ESMA y otros sitios, despidieron a la mitad o más del personal. En Orletti, Automotores, Virrey Cevallos y otros, quedaron menos de la mitad de los trabajadores. En el interior, como en el Faro de Mar del Plata, solo quedan tres de cinco; y en Corrientes, apenas dos personas siguen trabajando
Además, organismos clave como el Archivo Nacional de la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA (Patrimonio de la Humanidad) y el Banco Nacional de Datos Genéticos perdieron autonomía. Algunos fueron reubicados o reestructurados de modo que su institucionalidad quedó mínima.
Este desmantelamiento fue acompañado por más de 400 despidos y la paralización del Centro Cultural Haroldo Conti y otros espacios de memoria clave, lo que avanza sobre los centros que reconstruyen identidad, memoria y justicia.
Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS denunciaron que esta “ralentización” en la búsqueda de nietos apropiados y el vaciamiento de políticas de memoria constituyen un retroceso grave en los logros alcanzados desde 1983.
El retroceso, además, encuentra eco en una oleada de protestas: el pasado 24 de marzo, miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo contra el negacionismo oficial sobre la dictadura, repudiando la versión de “verdad completa” promovida por el Gobierno, que pone en el mismo plano a víctimas y represores, y cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos.
Desde organismos internacionales también llegan alertas. Human Rights Watch denunció medidas que restringen la protesta pacífica y profundizan la represión, señalando que el nuevo protocolo de orden público criminaliza la manifestación y habilita más poder policial. Por su parte, la CIDH recibió denuncias por negacionismo y vaciamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Todo esto sucede mientras el Gobierno juega con un slogan simbólico, usando el Nunca Más como arma de campaña, mientras desenrolla tijera sobre instituciones que sostienen nuestra historia y luchas por justicia.
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