El juez Carlos Villafuerte Ruzo firmó la resolución por la cual “rechaza la declinatoria de competencia incoada por el intendente de Pergamino, Javier A. Martínez”, según consta en el último cuerpo de la causa Nro. FRO 70087/2018, caratulada “S/INFRACCION al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24051 y 200 del C.P.”. En consonancia con el fiscal federal, Matías Di Lello que se había manifestado negativamente al momento de contestar la vista, el juez no hizo lugar a la petición de la Municipalidad para que la investigación pase a los tribunales de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El expediente está vinculado con la investigación de la calidad del agua de las napas de la ciudad, pero que también de la red y en consecuencia a la mayoría de las viviendas del ejido urbano, a partir de las graves derivaciones en las condiciones de salud que padecen los vecinos de Villa Alicia, La Guarida, Luard Kayad y Santa Julia.
La Justicia Federal, que tiene acreditada la presencia de varias y diferentes moléculas de pesticidas en el agua de Pergamino y se encuentra abocada a descubrir dónde se origina, tiene su principio en la contaminación ambiental provocada por las aplicaciones de agroquímicos en los campos de esas zonas.
En las últimas horas, el dictamen emitido por el titular del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás no hizo lugar al pedido del intendente municipal, Javier Martínez y la causa continua su trámite en tiempo y forma. Por otro lado, hace algunos días, Matías Di Lello le solicitó al juez que inicié una causa por la posible comisión del delito de Desobediencia, en función que de probarse que tanto el intendente Javier Martínez, como dos funcionarios de la Secretaria de la Producción y el propietario de uno de los campos en cuestión habrían quebrantado la obligación impuesta por Villafuerte Ruzo. El juez había decretado la suspensión parcial de las aplicaciones y en uno de los campos se habría fumigado haciendo caso omiso a la Justicia, de acuerdo a una denuncia de la querella.
El pedido del fiscal federal de impulsar la acción penal contra Javier Martínez se suma a la denuncia aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante para que también se lo investigue por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por no ejecutar la ordenanza que exige realizar estudios para determinar el uso de agroquímicos en tierra y agua de la ciudad y para detectar la posible presencia de plaguicidas en sangre a los vecinos de los barrios afectados, la que quedó radicada en la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino.
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