La controversia por las tres designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobadas por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre, durante el tratamiento del Presupuesto 2026, sigue sumando capítulos y profundiza el enfrentamiento político entre el PRO y La Libertad Avanza. Desde el partido fundado por Mauricio Macri ratificaron su presentación judicial y denunciaron un entendimiento previo entre el oficialismo y el kirchnerismo para avanzar con los nombramientos.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el PRO sostuvo que el resultado de la votación estaba definido antes de ingresar al recinto. Según argumentaron, los bloques de La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal ya contaban con la mayoría necesaria para habilitar el debate y aprobar las designaciones, que finalmente obtuvieron 189 votos afirmativos. En ese marco, aseguraron que la postura del PRO no alteraba el desenlace.
Desde el espacio amarillo defendieron su decisión de abandonar la sesión y rechazaron haber facilitado el trámite. Afirmaron que su retiro respondió a la negativa a validar un procedimiento que consideran inconstitucional, cuestionando tanto el horario en que se realizó la votación como la falta de inclusión del tema en la convocatoria a sesiones extraordinarias. También señalaron presuntas irregularidades en relación con el artículo 63 de la Constitución Nacional.
El conflicto se desató tras la aprobación de los nombres de Rita Mónica Almada, propuesta por LLA; Juan Ignacio Forlón, impulsado por el peronismo; y Pamela Calletti, exdiputada vinculada políticamente al gobernador salteño Gustavo Sáenz. La intención inicial era que los siete auditores designados por el Congreso asumieran en una ceremonia conjunta, pero la disputa política aceleró los tiempos y expuso las tensiones internas.
Durante la sesión, el PRO acusó al oficialismo de incumplir acuerdos previos respecto de los cargos en la AGN y anticipó que recurrió a la Justicia para frenar lo aprobado. Esa decisión se materializó con la presentación de un recurso de amparo por parte del jefe del bloque, Cristian Ritondo, quien pidió la nulidad del acto parlamentario.
En el escrito judicial, patrocinado por la abogada Tiziana Díaz, se enumeran una serie de objeciones al procedimiento legislativo: ausencia de dictamen de comisión, falta de antecedentes de los candidatos, inexistencia de acuerdos en Labor Parlamentaria y omisiones formales en la moción votada. Para el PRO, esas falencias invalidan lo resuelto en el recinto.
La propuesta para cubrir las vacantes fue presentada de madrugada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien planteó votar la terna completa y delegar en la Presidencia de la Cámara la redacción final de la resolución. El planteo generó fuertes cuestionamientos y terminó de romper el clima en el recinto.
Tras los reclamos al oficialismo y al presidente de la Cámara, Martín Menem, los diputados del PRO abandonaron la sesión. Según trascendió, el espacio macrista aspiraba a que uno de los lugares fuera ocupado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca, una expectativa que finalmente no se concretó y profundizó el conflicto político.
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