Cecilia Gargano, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, abordó la problemática socioambiental relacionada con los agronegocios. Como una de las coordinadoras del proyecto, Gargano compartió detalles sobre las investigaciones y la elaboración de un mapa de conflictos en una entrevista con El Nuevo en Radio.
"Este trabajo fue realizado por un equipo que coordino en la Universidad Nacional de San Martín, compuesto por colegas y estudiantes. Nuestro objetivo era, por un lado, sistematizar la información sobre el impacto del agronegocio en los territorios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, recopilar datos de las acciones que las comunidades han llevado a cabo, como presentaciones judiciales y monitoreos financiados por las propias poblaciones para evaluar el estado del agua, los suelos, etc., en relación con el uso de plaguicidas", explicó la investigadora.
El objetivo del proyecto fue crear un mapeo que concentre toda esta información en un solo lugar, accesible para consultar materiales documentales, notas de prensa, y artículos de diversos equipos de investigación. Este mapa, conocido como el "Mapa del agronegocio PBA", está organizado con distintos íconos que permiten visualizar los efectos de los plaguicidas, los cambios en el uso del suelo, y se enfoca principalmente en los impactos sobre cursos de agua y escuelas.
Gargano señaló que eligieron la provincia de Buenos Aires debido a su tamaño, densidad de población, y porque está en el centro del modelo sojero, además de registrar un aumento en la conflictividad socioambiental en los últimos años.
Sin estadísticas
En la entrevista, Cecilia Gargano destacó que, aunque el uso de agrotóxicos ha aumentado significativamente en Argentina en las últimas décadas, no existen datos oficiales públicos ni sobre las cantidades utilizadas ni sobre sus impactos en la salud y el medio ambiente. La información disponible proviene principalmente de estimaciones realizadas por diversas organizaciones y de publicaciones de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), una entidad empresarial que agrupa a las empresas de agronegocios.
Gargano también recordó que los transgénicos, como la soja resistente al herbicida Roundup, comenzaron a desarrollarse en Argentina en 1996 durante un período neoliberal, y más del 80% de los transgénicos aprobados desde entonces fueron diseñados para tolerar plaguicidas. Sin embargo, estas prácticas no han cumplido con las promesas de sostenibilidad, y han generado mayores problemas ambientales y sociales.
Falta de una regulación
La investigadora enfatizó que la falta de una regulación uniforme a nivel nacional sobre el uso de estas sustancias ha resultado en una diversidad de normativas a nivel municipal, lo que genera inconsistencias en la aplicación de las fumigaciones y en la protección de la salud y el medio ambiente.
En cuanto a los conflictos socioambientales, Gargano explicó que estos son generados cuando las comunidades cuestionan las prácticas productivas que afectan sus territorios, incluyendo el impacto en el medio ambiente, la salud, y las condiciones laborales. El proyecto de mapeo de conflictos, iniciado en 2021, se basa en un programa de investigación radicado en la UNSAM, y su objetivo es seguir ampliando la información disponible, actualizando el mapa dinámico con datos adicionales que se envían a través de la plataforma.
Planes de expansión
Gargano concluyó mencionando que el equipo, compuesto por alrededor de diez personas, entre investigadores y estudiantes, tiene planes de expandir el mapeo a otras actividades como la minería y el litio, y continuar explorando alternativas a la actual matriz productiva a través de experiencias agroecológicas y la colaboración entre el conocimiento académico y el conocimiento de los territorios.
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