La Justicia federal resolvió habilitar la feria judicial para tratar un reclamo que busca que el Ministerio de Capital Humano entregue alimentos a 30 comedores comunitarios. La medida fue dispuesta tras una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que pidieron evitar que el receso judicial frene una cautelar ya vigente.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, que dio lugar al planteo de las organizaciones sociales. El objetivo es que la paralización de los plazos durante la feria no impida avanzar con las intimaciones necesarias para relevar e incorporar a los comedores a la política alimentaria estatal.
Según expusieron las entidades, la suspensión de los trámites judiciales impedía cumplir con las medidas ordenadas por el propio juzgado. Esa situación, remarcaron, afecta de manera directa a familias en extrema vulnerabilidad, que dependen de esos espacios comunitarios para acceder a alimentos básicos.
Antes de que se confirmara la habilitación, el CELS había reclamado públicamente que se mantuviera la actividad judicial. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores, en su mayoría con niños y niñas de los barrios populares”, señalaron. En ese marco, recordaron que gracias a cautelares previas 72 comedores volvieron a recibir alimentos tras interrupciones en la asistencia oficial.
El pedido también fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la habilitación. En su intervención, el fiscal destacó que en la ejecución de la cautelar está comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y que el colectivo alcanzado atraviesa una situación socioeconómica crítica. Además, advirtió que una demora judicial podía volver ineficaces las medidas ya ordenadas.
Con esos argumentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir que el expediente siga avanzando durante el receso. En la misma resolución, ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a la actora para que fije su postura antes de definir los próximos pasos procesales.
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