El próximo lunes comenzará en los tribunales federales de Mar del Plata el juicio oral contra Roberto Luis Justo Tagliabue, un pastor evangélico acusado de aprovecharse de personas con adicciones para hacerlas trabajar en sus emprendimientos y proveerles ilegalmente tratamiento de rehabilitación.
El caso que llega a la Justicia Federal es controvertido, ya que numerosas personas mostraron su apoyo al religioso por entender que ayudaba a muchos en el barrio Pueyrredon desde comienzos de siglo y que la informalidad de sus acciones no deberían ser motivo de una condena.
“Encarcelado por servir” fue el lema de una de las manifestaciones convocadas no solo por feligreses sino también por otros pastores de la comunidad evangélica.
Tagliabue, defendido por el penalista Mauricio Varela, está acusado de múltiples delitos graves, entre ellos trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal de la medicina y maltrato animal.
La decisión de elevar la causa a juicio fue confirmada por la Justicia Federal tras más de dos años de una compleja investigación impulsada por la Fiscalía Federal N.º 1, con la denuncia inicial presentada por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas.
Iglesias, comedores y un centro de rehabilitación
Según la acusación, los hechos ocurrieron en diversas locaciones de la ciudad, principalmente en el barrio Las Heras y zonas aledañas. El centro de las operaciones estaba en Génova 8149, donde funcionaba el “Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA)”, un supuesto hogar de asistencia que operaba sin habilitación alguna ni personal médico. Allí, junto al templo “Iglesia El Shaddai” ubicado en Brumana 2261 y el comedor comunitario “El Farolito”, se montó un entramado que, según la fiscalía, encubría una estructura de captación y explotación de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Las víctimas, en su mayoría varones jóvenes con antecedentes de consumo problemático, pobreza extrema o conflictos judiciales, eran alojados en condiciones precarias y obligados a trabajar en los comercios del imputado —una forrajería y un mercado también ubicados sobre la calle Génova— o a vender productos en la vía pública. El dinero que generaban era administrado por el propio pastor, quien además retenía parte de sus ingresos en concepto de alojamiento, alimentación y hasta el “diezmo” para su iglesia.
“No podíamos salir ni tener celular”
Entre los testimonios reunidos durante la instrucción, se destaca el de D.I.N., una de las nueve víctimas reconocidas en esta etapa del proceso: “No podíamos salir, no podíamos usar teléfono, no teníamos contacto con nadie. Si no obedecías, te castigaban o te echaban”. Otro joven, F.P.B., afirmó haber ingresado al PCRA siendo menor de edad, donde permaneció durante años realizando tareas laborales sin ningún tipo de compensación.
En al menos siete casos, además, se acreditaron situaciones de privación de la libertad con fines religiosos, ya que el acusado imponía reglas estrictas de aislamiento, aprovechando su posición como figura de autoridad religiosa.
Maltrato animal y venta ilegal de fauna silvestre
Durante los allanamientos realizados en diciembre de 2021 y agosto de 2022, también se detectó la tenencia ilegal de 97 animales silvestres y 154 animales domésticos en condiciones de hacinamiento y maltrato, hallados principalmente en la forrajería de Génova 8149. Entre las especies rescatadas había jilgueros, cardenales, cotorritas, peces y gallinas criollas, muchas de ellas en peligro de extinción o amparadas por convenios internacionales de protección animal.
El descargo del pastor
En su declaración, Tagliabue negó todos los cargos. Aseguró que su accionar estuvo motivado por su fe y su vocación de servicio, y que “ayudar al prójimo es una obligación como cristiano”. Dijo que el centro de rehabilitación funcionaba como un lugar de contención para jóvenes “rechazados por sus familias” y que “el trabajo era voluntario”, al igual que las colaboraciones económicas.
“Los chicos salían de a dos a vender panificados o plantas. Se llevaban el 40% de lo que ganaban. Muchos me pedían que les guarde la plata para no gastarla”, explicó el imputado, quien se encuentra actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. También afirmó que no cobraba por el alojamiento y que el centro recibía apoyo de entidades como APAND y el Banco de Alimentos.
En un pasaje de su descargo, Tagliabue llegó a manifestar que “si no hubiera en la sociedad personas como él, que han desatendido su familia, su negocio, muchas personas estarían perdidas”.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que el discurso religioso funcionaba como un medio de captación y control, y que el encierro, las amenazas, las multas internas y la apropiación del dinero de las víctimas configuran un sistema de explotación planificado y sostenido en el tiempo.
Lo que viene
El juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal, se iniciará el lunes y se espera que se extienda durante varias semanas. Participarán más de veinte testigos, entre ellos víctimas, excolaboradores del imputado, médicos forenses, profesionales de salud mental y personal del Programa Nacional de Rescate.
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