En diálogo con el programa “Es por acá”, Eleonora Ramírez, presidenta de la Asociación Civil Lazos que nos unen contra el cáncer, advirtió que la situación de los pacientes oncológicos en el Hospital San Felipe “viene de larga data y, a pesar de los cambios de directivos, los problemas persisten”.
Ramírez destacó la labor médica, pero puntualizó dónde surgen las falencias: “No tenemos problemas con los oncólogos, son excelentes, pero cuando los pacientes se encuentran con la situación de los estudios posquimioterapia o de control, empiezan los problemas”.
Según explicó, los pacientes deben aportar por su cuenta insumos indispensables para continuar sus tratamientos: contraste, agujas, dexametasona, bolsas de colectomía o alimentos especiales para quienes se alimentan por sonda. “El paciente hoy tiene que llevar los insumos para hacerse los estudios. No pueden hacerlo pasar por un estrés innecesario cuando ya está en quimioterapia”, advirtió.
La presidenta de la asociación citó un caso reciente: una paciente internada que no podía alimentarse por boca y debía recibir una fórmula especial a través de una bomba, insumo que el hospital no le proveyó.
De acuerdo con los registros de la organización, al menos siete personas de la ciudad atravesaron estas dificultades durante el año. “Si no pueden resolver el problema de siete personas, mucho menos podrán hacerlo con quince”, remarcó Ramírez. Diferenció además que la droga oncológica para la quimioterapia sí está garantizada por la Provincia, pero los faltantes se concentran en los insumos complementarios y en la gestión. “Si el problema fuera de plata, podríamos hacer una colecta. El problema es de gestión”, puntualizó.
La referente aclaró también la posición de la asociación frente al hospital: “No estamos en contra del hospital público, queremos diálogo con el hospital, no enfrentamiento. Pero si no tenemos conexión con el hospital, tenemos que ir a la justicia”.
El pasado 11 de septiembre, la entidad presentó una nota en la Fiscalía General de San Nicolás reclamando que se garantice el derecho a la salud de los pacientes. El escrito exige que se otorguen turnos en tiempo y forma, provisión de insumos, asistencia social y medicación coadyuvante, además de señalar que se han registrado demoras en estudios prequirúrgicos, en el ingreso a quirófano y falta de información al momento del alta médica.
La presentación invoca las leyes 23.611 y 26.529, que establecen derechos vinculados al tratamiento integral y a la información sanitaria. El pedido incluye que, de ser necesario, se convoque a las autoridades del hospital a una reunión en un plazo no mayor a cinco días hábiles para tratar los puntos reclamados.
“En Fiscalía nos escucharon con atención y ahora se espera la decisión del Fiscal. Vamos a seguir insistiendo, porque la gente no tiene por qué sufrir este doble estrés: el de la enfermedad y el de la falta de respuestas”, concluyó Ramírez.
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