A raíz de una presentación realizada por el intendente Mauro Poletti, la Justicia Federal intimó a la Dirección Nacional de Vialidad y a la empresa Corredores Viales S.A. a responder por el estado del puente ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, uno de los accesos principales a Ramallo.
La resolución judicial exige que, en un plazo de diez días, los organismos presenten un informe circunstanciado sobre el estado de la traza. Además, deberán informar en un máximo de tres días qué actuaciones administrativas han iniciado, si las hubiere, para llevar adelante trabajos de bacheo generalizado y mantenimiento preventivo que garanticen un tránsito seguro.
El expediente fue iniciado por el municipio bajo la carátula “Municipalidad de Ramallo/Dirección Nacional de Vialidad y otro s/amparo ley 16.986” (Expediente N.º 8098/2025), con el objetivo de que la Justicia intervenga ante la inacción de los organismos nacionales frente a un deterioro vial que pone en riesgo la integridad de los vecinos.
Desde el Ejecutivo local explicaron que el municipio no puede intervenir directamente en la zona afectada, ya que se trata de jurisdicción nacional. “Si lo hiciéramos, estaríamos incurriendo en un delito”, aclararon.
En paralelo, el jefe comunal anunció que solicitará al juzgado que dicte una medida cautelar que obligue a iniciar obras de manera urgente, en un plazo no mayor a cinco días, utilizando recursos propios o contratados, a fin de prevenir accidentes y evitar consecuencias mayores.
El reclamo no es nuevo: en los últimos años, el Concejo Deliberante de Ramallo aprobó siete resoluciones exigiendo obras en el puente, mientras que el Departamento Ejecutivo envió tres cartas documento a Vialidad Nacional sin obtener respuesta. “La presentación judicial busca marcar un límite a la desidia del Estado Nacional y representar el reclamo de toda una comunidad”, señalaron desde el entorno del intendente.
El deterioro del tramo comprendido entre el kilómetro 205 de la Ruta 9 y los accesos a Ramallo ha sido motivo de quejas constantes por parte de vecinos, instituciones y transportistas, ante riesgos de siniestros viales cada vez más evidentes.
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