El juez federal Carlos Vera Barros llamó a declaración indagatoria para el próximo martes 23 de septiembre a Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez, en el marco de la investigación por el asesinato del obispo de la diócesis de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ocurrido el 11 de julio de 1977 durante la última dictadura militar.
La reapertura del expediente había sido dispuesta en febrero de 2023, cuando la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario aceptó un planteo de la fiscalía y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. El tribunal ordenó investigar el hecho como crimen de lesa humanidad, revocando un fallo previo del Juzgado Federal N.° 2 de San Nicolás que había rechazado esa calificación.
Según la causa, aquella mañana de 1977 el obispo viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires y, a la altura de Ramallo, el automóvil en el que se trasladaba colisionó con una camioneta Ford F-100. Llevaba documentación sobre personas desaparecidas en su diócesis que planeaba presentar ante la Conferencia Episcopal Argentina y la Nunciatura Apostólica.
Los informes de la investigación concluyeron que el hecho no fue un accidente. La pericia del ingeniero Jorge Geretto estableció que se trató de un atentado planificado. En esa misma línea, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires afirmó que “ya quedó acreditado de manera inequívoca que el obispo Carlos Horacio Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos de la última dictadura”. El organismo agregó que “se ha alcanzado el estado de sospecha necesario, sustentado en los elementos de prueba de instrucción, para pensar que se enmascaró el asesinato del obispo Ponce de León simulando un accidente automovilístico pergeñado por parte de las autoridades militares del Área Militar 132”, y que “de las irregularidades que surgen de la investigación, se da sustento al requerimiento de las indagatorias”.
En este marco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió ampliar las citaciones al Juzgado Federal N.° 2 de San Nicolás. Además de Bottini y Andrada, solicitó convocar a Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis Landa, integrantes del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. La imputación ubica a Bottini como autor directo del hecho, mientras que a Bossié, Landa y Andrada se los vincula como autores mediatos.
El expediente detalla que entre 1975 y 1977 Omar Andrada se desempeñaba como jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, en coordinación con mandos militares y la Dirección General de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Andrada ya había recibido condena a prisión perpetua en juicios anteriores por delitos de lesa humanidad, entre ellos privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios contra 50 perseguidos políticos en centros clandestinos de detención.
Respecto de Luis Antonio Martínez, conductor de la camioneta involucrada en el choque, había sido condenado en 1977 por homicidio culposo. Esa sentencia fue anulada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, por lo que ahora deberá declarar nuevamente.
De este modo, la justicia federal avanza en un expediente que, tras décadas de reclamos, busca esclarecer la responsabilidad de las estructuras militares y de inteligencia en la muerte del obispo Ponce de León, figura emblemática de la represión ilegal durante la última dictadura.
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