Desde ayer y hasta el sábado 16 de agosto, docentes y no docentes de universidades nacionales encabezan una semana de paros y manifestaciones públicas. A la espera del debate en el Senado por la Ley de Financiamiento, reclaman mejoras salariales, y presupuesto para gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología.
La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU, y luego se plegaron desde distintos sindicatos y agrupaciones de la comunidad. En la UBA, por ejemplo, se unieron desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que reúne a los trabajadores no docentes.
La protesta se da luego de que el Poder Ejecutivo establezca, de forma unilateral, aumentos para el sector docente universitario de 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. Desde el sindicato de docentes universitarios señalan que estas cifras son insuficientes, dada la caída del 28% del poder adquisitivo de los profesores en comparación con noviembre del 2023.
En la convocatoria, reclaman por la recuperación de los salarios, más presupuesto para las universidades nacionales y más presupuesto para ciencia y tecnología.
Además del paro sin actividades entre el 11 y el 16 de agosto, se resolvió por mayoría la continuidad de las medidas de fuerza con paros de 48 hs rotativos para las semanas del 18, 25 de agosto y 1 de septiembre. Además, habrá una marcha nacional universitaria en la primera quincena de septiembre.
Este martes se retomarán las actividades en la Universidad de Buenos Aires, pero en otras como en la Universidad Nacional de La Plata decidieron que el cese de actividades se extienda por toda la semana.
Mientras todo esto ocurre, la semana pasada la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción por segunda vez a la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto, que ahora deberá tratarse en el Senado, tiene por objeto "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina".
De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC "en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas". Además, tendrá que actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.
En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el Ejecutivo deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.
En este marco, los bloques opositores del Senado trabajan para llevar al recinto tanto el financiamiento universitario como la emergencia en el Hospital Garrahan. La idea es poder debatirlo en la semana del 18 de agosto, en busca de darle la sanción definitiva y prepararse para el veto que impondría Milei.
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