Mientras el gobierno de javier Milei apuesta al comienzo de las licitaciones para privatizar las rutas nacionales, los efectos de casi dos años de paralización de la obra pública y la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional —y en especial de la empresa estatal Corredores Viales, a cargo de gran parte de las concesiones— son cada vez más notorios.
En Ramallo, el deterioro de la Ruta Nacional 9 llevó en 2025 al municipio local a presentar una medida cautelar, que recibió el aval de la Justicia, para que Corredores Viales se hiciera cargo del arreglo de un tramo de la ruta ubicado en el puente que conecta la traza nacional con la ruta 51.
Con el amparo vigente, la empresa estatal aceptó realizar los trabajos. Sin embargo, apenas tres meses después de finalizadas las obras, la estructura volvió a deteriorarse y, según vecinos y dirigentes consultados, el tramo intervenido “ahora está peor que antes”.
Si bien Corredores Viales cumplió con la orden judicial, las tareas realizadas consistieron en arreglos parciales que no resistieron el tránsito pesado y constante. Actualmente, la calzada presenta nuevamente hundimientos y baches de consideración, lo que volvió a poner en agenda el estado del acceso.
La presentación judicial había sido impulsada por el intendente Mauro Poletti (Fuerza Patria) ante el avanzado deterioro del acceso sobre la Ruta 9, una situación que comprometía la seguridad vial y el tránsito de vehículos, en especial de camiones de gran porte que circulan diariamente por ese corredor clave.
La respuesta de la empresa estatal presenta antecedentes recientes en otras localidades bonaerenses, como Roque Pérez, donde se realizaron trabajos de bacheo sobre la Ruta 205 antes de que Corredores Viales dejara la concesión del tramo. En ese caso, las intervenciones resultaron muy precarias para resolver el deterioro de la calzada.
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