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Pergamino negó la emergencia en discapacidad: los concejales del intendente Martínez votaron en contra

Pese al reclamo de 35 instituciones y la evidencia de una crisis estructural, el oficialismo local optó por desestimar la declaración de emergencia. La negativa de los concejales alineados con el intendente Martínez dejó sin respaldo una propuesta que buscaba garantizar transporte, recursos y dignidad para personas con discapacidad en Pergamino.

En una sesión cargada de tensión y reclamos institucionales, el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino rechazó el proyecto de ordenanza que proponía declarar la Emergencia en Discapacidad por 12 meses en el Partido. La iniciativa, impulsada por el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, buscaba atender urgencias en transporte, traslado y sostenimiento de 35 instituciones locales que brindan prestaciones básicas.

El expediente, girado a la Comisión de Salud, fue debatido entre dos despachos: el de mayoría —que proponía la emergencia y la asignación del 10% del Fondo Educativo— y el de minoría, que planteaba continuar con políticas de acompañamiento y evaluar la incorporación de un nuevo vehículo.

“Teníamos la posibilidad de aunar un criterio a nivel local y es una pena que no lo hayamos logrado”, lamentó el concejal Álvaro Reynoso. En la misma línea, Bernardo Fiore Pitrelli remarcó: “Estamos reclamando una inversión en salud de calidad”.

El despacho de mayoría fue respaldado por concejales como Nicolás Cabrera, Ramiro Llan de Rosos, Gabriel Figueroa, Leticia Conti y Jorge Dib, quienes coincidieron en la urgencia de la situación. “Se necesita ser más empáticos ante la situación y el Municipio cuenta con los fondos suficientes para enfrentar lo solicitado”, expresó Figueroa. Conti agregó: “Hoy no estamos escuchando a quienes necesitan del acompañamiento del Departamento Ejecutivo”.

Sin embargo, el proyecto fue rechazado con nueve votos negativos, entre ellos los de los concejales alineados con el intendente Javier Martínez. En cambio, se aprobó el despacho de minoría con once votos afirmativos, diluyendo la posibilidad de una respuesta estructural y urgente a las demandas del sector.

El rechazo marca un punto crítico en la relación entre el Ejecutivo local y las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, que habían elevado sus demandas con la esperanza de una acción concreta. La emergencia quedó sin declarar.

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