Días atrás, la Liga de Fútbol de Pergamino notificó a los clubes afiliados que deberán presentar, en un plazo de diez días, copia de las últimas tres actas de asamblea y el estado actual ante Personería Jurídica. La intimación se da en un contexto de atraso generalizado de las instituciones deportivas, asociaciones civiles y comisiones de fomento con ese organismo, motivo por el cual muchas trabajan con un estudio jurídico de La Plata puesto a disposición por la Municipalidad de Pergamino.
Sin embargo, lo que aún se desconoce es cuál es la situación real de la propia Liga frente a Personería Jurídica. En la última asamblea, realizada en marzo, el estatuto modificado en 2023 todavía no estaba vigente, lo que impidió la reelección del actual vicepresidente.
En paralelo, se multiplican las controversias en torno a la conformación del comité ejecutivo, el colegio de árbitros y, principalmente, el tribunal de disciplina: ¿están dentro de la normativa vigente? A esto se suma un debate interno sobre la relación laboral de los árbitros. Nadie parece tener claro si deben facturar como monotributistas a la Liga o a los clubes, o si deberían estar inscriptos como empleados. Tampoco está definido qué rol cumplen los sindicatos de árbitros en la defensa de sus afiliados.
El trasfondo económico no es menor: cada institución destina entre 13 y 15 millones de pesos anuales en arbitrajes, montos que, en la práctica, resultan difíciles de justificar en los balances. La falta de claridad legal y contable expone a la Liga y a los clubes a un escenario de incertidumbre que promete seguir sumando capítulos.
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