Tras la clausura preventiva de la planta de Atanor en San Nicolás, el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires (CPQ-PBA) exigió a las autoridades un “plan de remediación ambiental total y efectivo” y advirtió que la empresa debe asumir su “indeclinable responsabilidad” por los graves episodios de contaminación registrados.
La medida de cierre fue dispuesta por la Autoridad del Agua luego de comprobar, mediante análisis oficiales, la presencia de glifosato, atrazina, clorpirifos —prohibido en el país—, fenoles y metales pesados como arsénico, plomo y cromo en los desechos industriales de la firma, vertidos ilegalmente al Paraná a través de un ducto habilitado solo para efluentes cloacales.
En un comunicado, el CPQ reclamó que los controles sean realizados por profesionales matriculados, que se determine el alcance de los daños sanitarios y ambientales, y que se apliquen sanciones en el marco de la Ley de Residuos Peligrosos.
El presidente del organismo, Carlos Colángelo, cuestionó la “impunidad con la que Atanor operó durante años” y puso en duda la eficacia de los organismos de control provinciales. También recordó la explosión ocurrida en la planta en marzo de 2024, cuya investigación “fue dudosa en su proceder y en sus resultados”.
Destino de la planta
Aunque Atanor anunció su relocalización en la localidad cordobesa de Río Tercero, confirmó que mantendrá en San Nicolás un centro logístico para productos químicos peligrosos, lo que generó nuevas alertas en la comunidad.
Daño consumado
“Con el daño ya consumado, el Ministerio de Ambiente debe actuar con firmeza y aplicar las sanciones que correspondan”, concluyó Colángelo, al tiempo que advirtió que la situación de Atanor refleja un problema más amplio de “falta de controles en todo el arco químico-industrial de la provincia”.
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