El nuevo proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay logró amplios consensos de la mayoría de los actores que se desenvuelven alrededor de la autopista fluvial de 3.400 km., y que representa una revolución logística para que los productos de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay alcancen los mercados europeos y asiáticos.
En particular, en torno a la siempre conflictiva cuestión de la profundidad de dragado necesaria para que los convoyes que transportan mercancías y los buques de gran calado puedan navegar sin quedar encallados.
En ese sentido, el dragado es continuo y las autoridades intervinientes juzgaron necesario realizarlo frente a las costas de Ramallo.
Esta decisión fue objetada por organizaciones ambientalistas y, el 4 de julio pasado, obtuvo una resolución de la sala B de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario, con la firma de los jueces Aníbal Pineda y Élida Vidal, que resolvió suspender el pase a estudio de la decisión judicial de primera instancia y, además, le requirió al Gobierno los informes medioambientales que avalen ese dragado que nunca habían sido presentados.
En concreto, le requirió a las autoridades, "un informe respecto del estado actual de la obra, detalle de tareas realizadas, ajustes, de traza efectuados, los estudios ambientales de gestión de obras y los estudios de impacto ambiental; y que informe si se ha realizado el procedimiento técnico/administrativo de evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana en relación con las obras que son objeto de la presente causa y en su caso estudios respecto de las consecuencias sobre el ambiente de las tareas que han sido ejecutadas desde la fecha de interposición del amparo hasta la actualidad".
La polémica con los ecologistas se centra en la decisión del Gobierno nacional de habilitar una ruta alternativa para embarcaciones de gran porte, ante la histórica bajante del río. Esta alternativa —ubicada entre los kilómetros 315 y 326 frente a zonas costeras y turísticas— fue elegida sin contar con estudios ambientales actualizados, algo que obligaba la normativa vigente.
Según los denunciantes, el tramo cuestionado y judicializado incluye playas, humedales y zonas turísticas de alto valor ecológico. "El desvío de la traza hacia el brazo derecho del río, sin estudios ni control público, incrementa los riesgos de erosión costera, pérdida de biodiversidad, dispersión de contaminantes y afectación del abastecimiento de agua", explicaron desde la asociación de abogados ambientalistas.
Ahora bien, la cuestión del calado de los buques y la profundidad que requieren para navegar son fundamentales para plasmar las nuevas condiciones de una licitación internacional que ocupará a las principales empresas dragadoras del mundo.
En la actualidad, el calado, de 34 pies o 10,36 metros, está garantizado hasta la localidad de Timbúes, en la provincia de Santa Fe. Hacia el norte, y hasta el puerto de la capital de esta provincia, la profundidad del Paraná es de 25 pies o 7,60 metros, lo que impide la navegación de barcos Panamax, aunque permite la circulación de barcos de menor porte.
Los buques Panamax, están relacionados con el canal de Panamá. En su momento, revolucionó la industria naviera, estableciendo nuevos estándares de tamaño para los buques que transitan por el canal centroamericano. Estos diseños únicos de barcos surgieron por necesidad, adaptándose a las restricciones de dimensión del canal y maximizando la capacidad de carga.
El término "Panamax", derivado de las dimensiones máximas aceptables en las esclusas del Canal de Panamá, ha impulsado importantes avances en el diseño de portacontenedores. Las innovaciones han aprovechado las limitaciones del canal para optimizar el tamaño, la eslora y la carga de los buques.
Los pliegos licitatorios que la administración de Javier Milei dio de baja entre por una fuerte polémica con la empresa dragadora DEME, a la que acusó de vaciar la licitación, establecían un calado de 17 pies (5,17 metros) hasta la ciudad de Santa Fe, lo que condenaba a este puerto a operar solo con barcazas.
Analistas de comercio exterior, explicaron que a menor capacidad de carga, mayores costos de transporte y precios más altos para toda esta región del país.
Desde la ciudad de Santa Fe, hacia el norte —la Hidrovía se extiende hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná— el calado es de 10 pies (3 metros, aproximadamente). Se trata de la profundidad natural del río, que solo permite la navegación de barcazas de menor tamaño.
En medio de estas cuestiones técnicas, se agrega un nuevo ingrediente. La cuestión ambiental, que desde la década del 90 fue creciendo en influencia a través de un cuerpo normativo nacional y provincial que tiene mucha repercusión en la opinión pública.
Varios referentes del sector agro exportador coincidieron en señalar que "el Gobierno deberá prestar atención a las cuestiones ambientales que fueron materia de debate en las mesas técnicas organizadas por el titular de la oficina Nacional de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, que sabiamente continúa realizando consultas con los actores que pertenecen al ecosistema de la Hidrovía diferencíandose de la anterior gestión de José Beni que hacía y deshacía en tiempos kirchneristas. En ocasiones, las participaciones en los debates se dan en torno a cuestiones económicas. Deberemos analizar estos temas ambientales con más profundidad", coincidieron analistas en la Bolsa de Rosario.
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