La provincia de Buenos Aires realizó en Olavarría la primera reunión para municipios sobre la nueva disposición que habilita la caza plaguicida de jabalí. Todo Provincial entrevistó al investigador Bruno Carpinetti, quien participó del encuentro como uno de los máximos especialistas en esta problemática. La medida ya está habilitada en todos los municipios ya que no es necesario solicitar la adhesión.
La jornada organizada por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires contó con la presencia de referentes de los municipios de Azul, Tapalqué, Benito Juárez, Laprida, General Lamadrid, Bolívar, Daireaux, Ayacucho, Rauch, Las Flores, Pila, Tandil y Tornquist. El objetivo del encuentro fue instruir a los gobiernos locales con respecto a la reciente habilitación provincial de la caza plaguicida del cerdo asilvestrado.
En diálogo con Todo Provincial, el investigador y guardaparque Bruno Carpinetti expresó: “La provincia de Buenos Aires sacó una disposición a través de la Dirección de Fiscalización Agropecuaria y de los Recursos Naturales, de la cual depende la Dirección de Fauna, habilitando en los términos que plantea el Código Rural la caza plaguicida, que no es ni más ni menos que caza de control. No es recreativa ni deportiva. Tiene la finalidad de disminuir la abundancia de las poblaciones y mitigar los daños que estos animales producen”.
Carpinetti realizó numerosas investigaciones sobre la expansión del cerdo cimarrón en todo el país y especialmente en la Bahía de Samborombón. “En Argentina hay dos fuentes de origen de estas poblaciones de cerdos asilvestrados: una, los cerdos escapados desde la época de la colonia, y otra, los jabalíes traídos por Pedro Luro a La Pampa en 1906”.
El especialista explicó que en algunas zonas del país aún persisten poblaciones con mayor “pureza genética” de jabalí, sobre todo en La Pampa, San Luis y algunos sectores de bosques subantárticos. “El panorama es muy heterogéneo. Se pueden encontrar cerdos manchados que parecen un dálmata y en otro lugar un jabalí que morfológicamente parece puro”, describió.
El investigador explicó que la expansión del jabalí se potenció por cambios en el modelo de ocupación rural y el traslado intencional de animales: “Durante años la gente los movía para tenerlos en campos o cotos de caza. Además, el despoblamiento rural y el avance de la frontera agropecuaria aumentaron los recursos disponibles. Hoy hay menos gente en el campo que los caza y más alimento para estos animales. En muchas provincias ya se encendieron las alarmas”, señaló.
El especialista aclaró que la norma ya está vigente en toda la provincia, salvo en áreas protegidas, urbanas y periurbanas. “No es una norma de adhesión. Los municipios no deben adherir, como se dijo erróneamente en algunos medios. Es al revés, lo que pueden hacer los municipios es solicitar la veda bajo razones técnicamente fundadas”, puntualizó.
En cuanto a los requisitos para cazar, explicó: “Se necesitan dos permisos. Uno es el permiso de caza plaguicida que se tramita vía web desde el Ministerio. Tiene requisitos como certificado psicofísico y el pago de una tasa mínima. Los propietarios o arrendatarios de campos están exceptuados de pagar. Por otro lado, hace falta una autorización firmada por el dueño o administrador legítimo del campo. No se puede cazar en caminos ni espacios públicos”.
Sobre los temores expresados por algunos municipios respecto a la posibilidad de que se fomente el delito de abigeato, Carpinetti opinó: “A mí personalmente no me parece que ocurra nada nuevo que ya no esté sucediendo. El que comete una actividad ilícita no va a dejar de hacerlo porque haya una norma legal. Esta norma permite hacer las cosas bien. Hasta ahora, un productor con daños en su maíz no tenía posibilidad de hacer nada legalmente”.
En ese sentido, el investigador aseguró que existe «un consenso de que se debía hacer algo«, y remarcó que el chancho silvestre no solo produce pérdidas económicas, sino también un impacto ecológico muy alto. “Con esta norma se saca a la gente de la ilegalidad. Antes se condenaba al que quería actuar bien a hacerlo en un limbo normativo”, subrayó.
Sobre la reunión realizada en Olavarría, el especialista explicó: “Estamos coordinando con secretarías de Producción, la policía rural, comandos de patrulla rural y científicos. Participó gente de la Universidad Nacional del Centro que estudia los patógenos que estos animales pueden transmitir, con impacto en la salud humana y animal”.
Con respecto a la participación de representantes ruralistas, dijo: “En general esto fue un reclamo de la Sociedad Rural, Federación Agraria y CARBAP. Si agarrás el Clarín Rural o La Nación Rural de los últimos 10 años, todos los meses hay denuncias de productores por daños provocados por los chanchos”.
Consultado sobre si esta medida alcanza para controlar la plaga, Carpinetti fue claro: “Esto mitiga la invasión. No hay ningún país del mundo que haya erradicado esta especie en áreas continentales. En Australia o el sur de Estados Unidos, donde tienen graves problemas, hacen caza comercial y de control. Con las mejores tecnologías solo logran reducir los impactos”.
Además, detalló que existen otras herramientas de control a nivel del manejo de cada campo que los productores pueden aplicar localmente. “A nivel estatal, más allá de habilitar la caza, no hay mucho más. Pero esta norma es una buena medida”, señaló.
Finalmente, Carpinetti mencionó que también podría explorarse un uso económico del recurso, como sucede en otros países. “En muchos lugares se utiliza para producir harina de carne o balanceados para perros. En Australia, durante años exportaron miles de toneladas de carne de cerdo salvaje a la Unión Europea. Hay un potencial interesante, aunque hoy está en pañales. Hace unos años vinieron italianos a evaluar un esquema, pero no prosperó”, remarcó.
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