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Ajuste en discapacidad: el Gobierno Nacional desfinancia y busca desregular

El Ministerio de Salud bonaerense queda en alerta máxima por el ajuste que Javier Milei le aplica a las prestaciones para personas con discapacidades.

En medio de un ajuste fiscal generalizado, el Gobierno Nacional de Javier Milei busca desregular el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. De hacerlo, los beneficiarios sin recursos económicos no podrían acceder a los servicios de salud y las provincias deberían intentar satisfacer esa demanda sin fondos. Detalles de la situación bonaerense.

Las prestaciones básicas para personas con discapacidad se rigen por la Ley 24910 (1998) que establece un nomenclador y las prestaciones para los cuatro agentes básicos: obras sociales, prepagas, PAMI y el programa Incluir Salud. Actualmente, la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) define los aranceles de esos servicios a través de su directorio que lo integran todos los participantes del sistema. De ahí surgen, por ejemplo, los recursos que Nación le manda a las provincias para cubrir algunas cuestiones a través del programa Incluir Salud.

Ahora, la administración libertaria pretende modificar la ley y dejar que los prestadores determinen de forma independiente los valores arancelarios de las prestaciones. Se trata de una desregulación del sistema que ya fue rechazado por el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS). Según se explicó, se generaría "un sistema fragmentado y desigual".

Según el informe presentado por el gobierno bonaerense, hasta abril Nación le debía 910 millones de pesos correspondientes al programa Incluir Salud, pero eso no es todo porque los fondos que sí llegaron quedaron desactualizados. Concretamente, en junio de 2022 el valor de la capita por persona quedó en 617,27 pesos y desde ese entonces el aumento de las prestaciónes por medio del directorio ha sido de 137,8 por ciento.

Un reporte del Ministerio de Salud provincial del que se desprende que el total de gastos capitados supera los 2,6 billones de pesos. Para afrontarlo, solo llegaron unos 288,6 millones de pesos. Esta brecha abismal deja en jaque a las 232.334 personas afiliadas al programa Incluir Salud que no tienen certezas sobre el futuro de sus prestaciones básicas. El ajuste también impacta en las altas al sistema ya que, de acuerdo con el mismo informe, hay unas 13.500 que la solicitaron y no obtienen respuestas.

Transporte, internación domiciliaria, oxígeno, pañales, diálisis, medicamentos y hasta gastos administrativos son algunos de los servicios que presta el Estado para las personas con discapacidad cuyo panorama es incierto.

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