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Allanamientos y secuestros: la Justicia acelera la causa por fumigaciones ilegales

Tras denuncias de escuelas rurales, el fiscal Aguilar ordenó un operativo de urgencia que permitió identificar una avioneta, incautar agroquímicos y documentación habilitante. El expediente podría convertirse en un precedente clave sobre el cumplimiento de la normativa ambiental en el distrito

La Justicia de Pergamino dispuso una serie de allanamientos de urgencia en el marco de la causa que investiga posibles violaciones a la orden judicial que prohíbe la aplicación de agroquímicos en cercanías de áreas urbanizadas, instituciones educativas y espacios residenciales del distrito.

La medida fue ordenada por el fiscal Pablo Daniel Aguilar, quien se encuentra subrogando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº 6. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Ecológica de la provincia de Buenos Aires, con base en Junín y jurisdicción en Pergamino.

Según fuentes judiciales, la intervención permitió localizar la aeronave presuntamente involucrada en una de las aplicaciones denunciadas, así como secuestrar bidones con productos agroquímicos, recetas agronómicas y carnets profesionales. “Se dispusieron allanamientos en la urgencia, por peligro en la demora. Está individualizada la avioneta dentro del hangar y se lograron secuestrar los elementos clave para la investigación”, indicó una fuente cercana a la causa.

El expediente se inició a partir de denuncias realizadas por directivos y docentes de la Escuela Primaria N° 56 y la Secundaria N° 3061 de Francisco Ayerza, quienes advirtieron aplicaciones aéreas en cercanías de los establecimientos y algunos miembros de la comunidad escolar sufrieron consecuencias por la exposición, lo que motivó la rápida intervención judicial.

La orden judicial vigente en Pergamino establece restricciones estrictas: las fumigaciones terrestres no pueden realizarse a menos de 1.049 metros de zonas urbanizadas, mientras que las aéreas tienen prohibición en un radio de 3 mil metros. Además, rige la obligación de considerar dirección e intensidad del viento para evitar la deriva hacia áreas pobladas.

La normativa, dictada con alcance en todo el distrito, nació tras años de reclamos de vecinos, organizaciones ambientales y referentes de la salud. Ahora, con los allanamientos y los elementos secuestrados, la investigación busca determinar responsabilidades entre productores, aplicadores y profesionales que extendieron recetas.

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