El Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás difundió un comunicado oficial para informar el estado actual del amparo ambiental que involucra a la empresa Atanor, en el marco del artículo 5 del Acuerdo de Escazú, incorporado por la ley 27.566, que garantiza el acceso público a la información ambiental.
La titular del juzgado, Luciana Díaz Bancalari, recordó que la planta fue autorizada a reabrir el 31 de octubre de 2024, bajo condiciones restrictivas impuestas por los organismos de control: el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua (ADA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El 9 de junio de 2025, personal de la ADA inspeccionó el establecimiento y detectó una conexión clandestina en la toma de muestras. Aunque la empresa sostuvo que se trataba de agua estancada, los análisis realizados el 8 de julio confirmaron que se trataba de residuos industriales. Como consecuencia, la ADA dispuso la clausura total de la planta, medida que fue comunicada al juzgado.
Ante estos hechos, la jueza adoptó una serie de medidas concretas:
Notificó al Ministerio de Ambiente, la Municipalidad de San Nicolás, CONICET, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que actúen dentro de sus competencias.
Puso en conocimiento del sindicato de trabajadores la gravedad de la conducta empresarial.
Dispuso la apertura de nuevas causas penales en los fueros federal y provincial, para investigar la posible comisión de delitos ambientales por parte de empleados y directivos de Atanor.
Fijó una nueva audiencia para el 11 de julio, con participación de todas las partes involucradas.
Abrió un nuevo incidente judicial denominado “Relocalización”, con el objetivo de supervisar que la empresa no abandone pasivos ambientales sin remediar.
Además, el comunicado detalla que Atanor informó por escrito su decisión de relocalizar la planta, aduciendo dificultades por el contexto económico nacional. Sin embargo, los organismos de control no habían recibido notificación formal. Por esta razón, el Ministerio de Ambiente prohibió el 12 de julio el ingreso y egreso de camiones del predio.
La causa continúa bajo la órbita del Juzgado de Ejecución Penal, que mantendrá el control sobre los compromisos asumidos por la empresa y la eventual remediación ambiental del sitio.
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