Se abre un nuevo capítulo por la causa de las fotomultas que envuelve al exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio. El mismo está imputado por presuntas irregularidades en el sistema de infraccionados y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y pidió este martes adelantar su indagatoria.
La declaración indagatoria se realizará el próximo 28 de mayo. Cabe recordar que la carátula del delito es por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, y como autor por la maniobra de la VTV.
Dicha investigación, liderada por el fiscal Álvaro Garganta, habría identificado varias maniobras sospechosas, como por ejemplo la reducción del 50% de multas de tránsito a través de gestores, en connivencia con jueces de faltas. Según menciona Infobae, el sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas.
Un grupo de funcionarios que dependían del exministro “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”. Esto habría comenzado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó a la cartera de Transporte.
De la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires, mientras que el 80% va al resto a los municipios que, a su vez, tienen que contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras. La Justicia lo que investiga es si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín, para que luego esta le pague en de forma irregular a las firmas proveedoras del servicio.
Otro de los imputados es el titular del juzgado de faltas de La Plata, Mario Quattrocchi. Se habría descubierto que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Además, estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos que tienen en Málaga, España.
También se han detectado irregularidades en la adjudicación de concesiones de la VTV. Dentro de este punto, la Justicia sospecha que ese negocio fue otorgado a siete compañías: previo contrataron a “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte, para asignar los turnos de la VTV. Esta última supuestamente recibía una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado a cambio.
El último hecho por el que se lo imputó a D’Onofrio tiene que ver con la compañía CECAITRA, una asociación civil de pequeñas y medianas empresas del sector, la cual cuenta con más de 150 cámaras ubicadas en los municipios de La Matanza, Tigre, Moreno, Brandsen y Campana, entre otros. Para el fiscal, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”.
Según las investigaciones judiciales, los municipios más comprometidos, no solo por las contrataciones y subcontrataciones, sino también por los porcentajes recibidos por las fotomultas, son:
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