Uno de los puntos salientes de la hipótesis opositora es que el Presidente no explicó en ningún momento y tampoco sus funcionarios cómo obtuvo el número de contrato del token $LIBRA que publicó en el tuit que “promocionó” la criptomoneda. Esto sería indicio de una relación previa con sus lanzadores, desmintiendo la versión de que solo difundió información pública. “En esta investigación, la Comisión ha podido constatar que el número de contrato del token $LIBRA publicado por Javier Milei no era información de circulación pública presente en las redes sociales de uso masivo”, sentenciaron.
El informe se hace eco de declaraciones del propio Hayden Davis donde afirmó en un comunicado que no se sentía cómodo transfiriendo fondos a los "asociados de Milei".
La Comisión concluye que el presidente Javier Milei comprometió la investidura presidencial al promocionar $LIBRA con su cuenta oficial verificada, lo que no puede considerarse un acto privado. Sin su tuit, $LIBRA no habría tenido el volumen de compras registrado.
Hubo una omisión deliberada de activar los mecanismos de control del Estado. El ex Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que se omitió todo protocolo de estudio y análisis y que el Presidente actuó sin consultar a ningún organismo técnico (como la CNV o Legal y Técnica).
"Esto constituye una admisión implícita de que el Presidente de la Nación comprometió su investidura en una promoción financiera sin activar un solo mecanismo de control, análisis o filtro previo de las ‘áreas respectivas’ que él mismo debe conducir", afirma el texto. Sobre esta afirmación, se infiere la posible violación de la Ley de Ética Pública (Ley N° 25.188) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 C.P.).
El informe hace foco en el rol clave de la secretaria de la presidencia, Karina Milei, quien facilitó las instalaciones oficiales y el acceso de los involucrados al Presidente. Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados y supervisados por ella. “Del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales”, apuntó el documento.
En total, la comisión investigadora pudo dar con 114.410 billeteras que sufrieron perdidas con el token, 498 perdieron más de U$S 100.000, mientras que 3144 perdieron entre U$S 10.000 y U$S 100.000 y solo 36 ganaron más U$S 1 millón cada una.
En el informe también se da cuenta de las acciones judiciales en el exterior. La presunta estafa escaló a una demanda colectiva (class action) en Nueva York, donde una Jueza de EE. UU. señaló que la evidencia indicaba que los beneficiarios y dueños de los fondos congelados de $LIBRA "podrían ser" el propio Javier Milei, su hermana Karina Milei, o Hayden Davis. Esta resolución generó un daño reputacional significativo y afecta la posición del Estado argentino en litigios internacionales.
Como conclusión central, la Comisión considera que la responsabilidad política manifestada hace necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Además, reiteran la necesidad de citar a Karina Milei e insistir con la requisitoria de información al Presidente.
Por último, y para nada menor, la comisión investigadora anunció que presentará denuncias penales contra un puñado de funcionarios nacionales por posible incumplimiento de deberes al entorpecer el funcionamiento de la comisión. Entre los mencionados estan el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Librarona, el titular de l OA, Alejandro Melik, el titular de la UIF, Paulo Starc, el titular de la CNV, Roberto Silva y María Florencia Zicavo, funcionaria del ministerio de Justicia.
