En el marco de un acuerdo pleno, cuatro integrantes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal (PFA) de Pergamino, entre ellos el jefe de la dependencia, fueron condenados a penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 3 años, por haber pedido coimas a un frigorífico invocando una falsa denuncia por contaminación ambiental, y por otro hecho en el que le solicitaron medio millón de pesos al dueño de un bar del pueblo La Violeta, para que su local no quedara involucrado en una investigación por narcotráfico.
El caso, en el que intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, se resolvió en 10 meses mediante un acuerdo pleno -sobre los hechos, la calificación jurídica y la pena-, conforme el procedimiento contemplado en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) que rige en el Distrito Rosario desde mayo de 2024.
En una audiencia celebrada el lunes 2 de septiembre, el juez de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, homologó el acuerdo pleno celebrado entre el MPF y la defensa de los acusados, y dictó sentencia respecto de los cuatro policías federales integrantes de la DUOF Pergamino, a quienes se les atribuyó haber integrado, entre los meses de julio y noviembre de 2024, una banda destinada a cometer delitos, abusando de su condición de funcionarios policiales.
El subcomisario Nicolás Koch (jefe de la dependencia) y los sargentos Juan Carlos González y Jorge Ariel González fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión condicional, multa de un millón de pesos, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de 3 años e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, por considerárselos coautores del delito de exacciones ilegales (artículo 266 del Código Penal), en concurso real con el delito de falsedad ideológica agravada por ser funcionarios públicos (artículos 293 y 298 CP).
Al cuarto condenado, el suboficial escribiente Héctor Eliseo Coronel, le endilgaron la coautoría de un solo hecho de exacciones ilegales y se le fijó una pena de un año de prisión condicional, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 3 años.
La “colaboración”
Los hechos comenzaron a ventilarse a raíz una publicación periodística que motivó la apertura de la investigación. El 4 de noviembre de 2024, desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Pergamino -dependiente del Ministerio Publico Fiscal bonaerense-, pusieron en conocimiento a la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás sobre la existencia de una nota del portal “El Tiempo de Pergamino”, en la que se aludía a la presencia de policías federales en un frigorífico de la localidad de Guerrico, donde habrían concurrido en dos oportunidades para “arreglar el problema” por una supuesta denuncia vecinal de contaminación.
A partir de diversas medidas, se acreditó que el 16 de agosto de 2024, a las 10.30, los policías Juan González, Jorge González y Coronel, ingresaron -con la anuencia de su superior, Koch- al establecimiento Avícola del Medio, ubicado sobre calle Patricio Peralta Ramos, a 200 metros de la Ruta Nacional 188.
A bordo de un Ford Focus blanco, vistiendo camperas de la PFA y llevando papeles que invocaban una supuesta denuncia por contaminación ambiental y una supuesta orden de allanamiento.
Al llegar al lugar, solicitaron hacer una inspección en el sector de decantación y la presencia del gerente. Como no se encontraba, fueron atendidos por un empleado administrativo. Luego, dos de los policías realizaron la recorrida junto al jefe de higiene y seguridad del frigorífico, y el tercero se quedó con el empleado a quien le solicitó “una colaboración”, requerimiento al que no accedió.
En ningún momento, los policías exhibieron el contenido de la documentación que supuestamente respaldaba el procedimiento. La visita se repitió el 21 de agosto al mediodía, cuando los mismos policías se presentaron en la planta avícola, esta vez a bordo de una camioneta Ford Ranger identificada con las siglas PFA. Y nuevamente solicitaron hablar con el gerente, pero no estaba. Luego, se presentaron al menos en una oportunidad más.
Para acreditar este hecho, se analizaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento en las que se pudo identificar al personal policial acusado y a los rodados que utilizaron para llegar al lugar, los cuales pertenecen a la DUOF Pergamino. Asimismo, se constató que entre agosto y noviembre de 2024no se habían emitido órdenes de servicio por parte de la superioridad de la PFA que guardaran relación con la inspección a establecimientos agropecuarios o avícolas.
El bar “El Batata”
Por otra parte, al policía Jorge González se le atribuyó haberle requerido 500 mil pesos a dueño del bar “El Batata”, ubicado en calle Hipólito Irigoyen y Mitre, de la localidad de La Violeta, partido de Pergamino, como retribución a no clausurar el local y no vincularlo con una investigación por venta de estupefacientes. La víctima no accedió a la solicitud.
El hecho tuvo lugar el 26 de septiembre de 2024, fecha en la cual se hizo efectiva la clausura. A fin de concretarla, González contactó previamente y varias veces por teléfono (mediante audios, mensajes y personalmente) al director de Habilitaciones de la Municipalidad de Pergamino, a quien instó a efectivizar la clausura porque el comercio no tenía habilitación municipal a lo que añadió la conexión con una investigación en curso por venta de drogas.
En esa pesquisa, en trámite en la Sede Descentralizada San Nicolás, se investigaban domicilios de la localidad de La Violeta por la presunta comercialización de estupefacientes. Se inició en marzo de 2024 a partir de una denuncia del Secretario de Seguridad de Pergamino, en la cual se indicaba la existencia de plantas de marihuana en dos domicilios.
El 14 de septiembre, González le reportó a Koch que, si bien no se veían movimientos compatibles con la venta de drogas en el bar, se observaba a la persona denunciada frecuentarlo y a otras vinculadas al juego clandestino. No obstante, no se acompañó fotografía o evidencia para ilustrar o acreditar esa circunstancia.
Koch y Jorge González se presentaron en la casa del delegado municipal de La Violeta, Héctor Esordi, y le requirieron que formulara una denuncia, que se materializó días después cuando González viajó a La Violeta y trasladó al funcionario a la sede Pergamino de la PFA.
En esa oportunidad, en presencia de Koch, Jorge y Juan González le hicieron suscribir a Esordi una denuncia -fechada el 1° de noviembre de 2024- previamente redactada por el personal policial, donde se asentaron datos falsos, y a la que no se le dio trámite.
En este caso, los hechos se corroboraron a partir de la declaración de los funcionarios municipales de La Violeta y Guerrico y del dueño del bar objeto de las maniobras.
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