Ricardo Lissalde, el diputado oriundo de Saladillo (Unión por la Patria)fue imputado por violencia de género y enfrenta un pedido de desafuero por parte del fiscal Roberto Javier Berlingieri, quien lo acusa por el delito de lesiones en un contexto de violencia hacia una mujer de Saladillo, ocurrido el 8 de febrero de este año.
A través de sus redes, el legislador publicó un descargo a raíz de “la denuncia que injustamente pesa en mi contra, caratulada como “lesiones leves””.
En ese sentido, señaló que el origen de la denuncia es “una relación que tuvo lugar hace décadas y que actualmente NO existe”. “Durante mucho tiempo, he sido víctima de extorsiones económicas relacionadas con mi hija, fruto de esa antigua relación que, reitero, fue finalizada hace muchos años”, añadió.
“Esta denuncia ha sido impulsada por un adversario político local, circunstancia que demostraré en sede judicial. Estoy convencido de que esta maniobra cuenta con financiamiento proveniente de recursos del Estado”, denunció Lissalde.
El hecho denunciado tuvo lugar en la tarde del 8 de febrero. Lissalde llegó en una camioneta Toyota Hilux al domicilio de la denunciante, quien habría sido su expareja. Luego de invitarla a subir al vehículo, habrían recorrido pocos metros y, sin mediar discusión, el legislador le pegó varios golpes en la cara.
La mujer se bajó del vehículo en estado de shock y fue vista por su hija, quien escuchó de su madre lo ocurrido. Para ese momento, Lissalde ya se había fugado del lugar. Ambas testificaron que no se trató de un hecho aislado, y que hubo otros episodios violentos y reiterados, aunque nunca antes habían sido denunciados por miedo a represalias.
En la causa constan fotos de las lesiones aportadas por la víctima y registros de las cámaras de seguridad del municipio de Saladillo, que fueron incorporados como prueba.
“Como parte de esta operación, sin que exista prueba directa alguna, el Fiscal ha solicitado al Juzgado de Garantías el inicio del proceso de desafuero. Dado que soy inocente, confío en que Su Señoría analizará debidamente las pruebas y no hará lugar al pedido de la Fiscalía”, indicó y avisó que “si el pedido prosperara”, renunciará voluntariamente a sus fueros y que solicitará a la Cámara que proceda a su eliminación, "hasta tanto se resuelva la cuestión judicial".
Y concluyó: “Insisto en mi absoluta inocencia, la cual demostraré, al igual que la extorsión y la bajeza política de quienes buscan descalificarme mediante este tipo de operaciones”.
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