El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, fue recibido en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de una reunión calificada como “cordial y respetuosa”, donde se abordaron temas vinculados al sistema vial argentino, como la disolución de Vialidad Nacional, las nuevas licitaciones de rutas con cobro de peaje y el uso de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.
Durante el encuentro, Lasca expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la política de infraestructura vial del Gobierno Nacional, en particular por el regreso de un sistema de concesiones “basado en un modelo de peaje fracasado”, con más estaciones de cobro que en los 90, sin contemplar rutas alternativas ni obras de ampliación, lo que —según advirtió— configura una doble imposición y una posible violación al derecho constitucional de libre tránsito.
Uno de los puntos críticos fue la posible disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, cuya confirmación formal se espera para los próximos días, posiblemente luego del feriado del 9 de julio. “Hoy el decreto todavía no estaba firmado, pero todo indica que es un hecho”, señaló Lasca. También hizo mención a las movilizaciones que se desarrollaron y continuarán frente al edificio central de Vialidad Nacional.
Desde el CONADUV sostienen que es un grave error retomar el sistema de peajes sin una revisión profunda. En su lugar, propusieron alternativas como la asignación directa de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles —que hoy se desvían a otros fines— a obras viales concretas. Otra opción sugerida fue la creación de una tasa mínima aplicada a los combustibles, cuyo cobro se canalice a través de un fideicomiso independiente y se destine directamente a los constructores responsables de finalizar los tramos adjudicados.
Lasca advirtió que con las nuevas licitaciones “no se proyectan nuevas rutas ni autopistas”, sino apenas tareas de mantenimiento y corte de pasto. Además, cuestionó la falta de definiciones sobre el futuro de los más de 30.000 kilómetros de rutas nacionales que no estarán incluidas en las concesiones.
Finalmente, si bien el dirigente valoró la posibilidad de haber sido escuchado, lamentó la demora en la convocatoria: “Esta reunión debió haberse hecho hace un año, cuando la pedimos por primera vez. Hoy los tiempos ya no alcanzan. Pero al menos cumplimos con nuestro deber de advertir y proponer alternativas viables”.
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