El derecho a la vida no se fragmenta

La muerte de Alberto Rodríguez Varela —jurista destacado y Ministro de Justicia durante la dictadura de Videla— reaviva una pregunta profunda y necesaria: ¿cómo puede una misma persona sostener, a lo largo de su vida, compromisos tan profundamente opuestos como defender el derecho a la vida desde la concepción y haber integrado un régimen que desapareció, torturó y asesinó personas?

No se trata de impugnar toda una trayectoria ni de negar aportes académicos valiosos. Se trata de no callar frente a contradicciones que interpelan, sobre todo cuando provienen de quienes ocuparon posiciones de poder y responsabilidad pública.

Rodríguez Varela fue, sin duda, un firme defensor del derecho a la vida desde el inicio. Comparto esa convicción. Pero también fue parte del andamiaje institucional de un régimen que anuló el derecho y organizó desde el Estado la eliminación física del adversario. No era un funcionario menor. Era el Ministro de Justicia.

Es legítimo preguntarse cómo conviven esos extremos en una misma biografía. ¿Qué peso tiene el contexto? ¿Qué fuerza ejerce la ideología? ¿Qué lugar queda para la coherencia ética cuando se transita la vida pública?

La vieja máxima latina De mortuis nil nisi bonum —“De los muertos, nada sino lo bueno”— nos recuerda el deber de respeto ante quienes ya no están. Pero en el caso de figuras públicas, el juicio histórico no puede ser selectivo. La memoria se construye también desde las tensiones y las contradicciones. Y si aspiramos a construir una ética pública más robusta, debemos animarnos a pensar en voz alta incluso cuando incomoda.

Hoy que la palabra “vida” vuelve al centro del debate público, conviene recordarlo con claridad: si no se defiende toda vida —sin excepciones ni conveniencias—, no se está defendiendo la vida, sino una versión recortada, funcional e ideológica de ella.

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