El Gobierno Nacional anunció este lunes anunció el cierre y la reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también informó la disolución de la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", además de otros organismos estatales que serán reformulados.
El portavoz precisó que los anuncios serán publicados este martes en el Boletín Oficial, en consonancia con la finalización de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo por un año. Previo al primera comunicación, Adorni presentó un video referido a la reciente ratificación de la condena a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad.
“El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, comunicó el vocero y agregó: “La CNRT pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales”.
A su vez, confirmó que darán apertura a “la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas” y señaló que el presidente “firmó el acta de defunción de la corrupción de la obra pública”.
En ese sentido, el portavoz destacó que el jefe de Estado utilizó las facultades delegadas para generar un alivio fiscal a las arcas del Estado. “Por primera vez las facultades delegadas se usaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron en el último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos“, destacó.
A continuación, con respecto a esto último, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que el "presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas" y que por eso, solamente fueron planteadas por el Gobierno con una "intención y modalidad diferente" porque "fueron por un año".
"No vamos a buscar prorrogar como hacía el kirchnerismo. Teníamos un año, teníamos un plan. Había que hacer algo, lo hicimos. Entonces ahora la democracia sigue funcionando sin que el Gobierno necesite este instrumento", apuntó el funcionario.
Como se había adelantado la semana pasada, el gobierno también decidió avanzar sobre siete organismos estatales, que serán reestructurados y perderán su autonomía.
Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
En el caso del INTI, el gobierno dispuso que dejará de ser un ente descentralizado con autarquía presupuestaria y técnica, para convertirse en una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación.
En el caso del INTA, correrá la misma suerte que el INTI pero en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, también dependiente de la cartera que encabeza Luis Caputo. El decreto que publicará el Ejecutivo contempla su transformación en un ente desconcentrado, lo que le permitiría mantener cierta autonomía técnica y funcional, pero sin conservar la personalidad jurídica ni el patrimonio propio.
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