El Gobierno avanzó con la “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, una iniciativa que surgió del Consejo de Mayo y que apunta a fijar un marco rígido para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas en todos los niveles del Estado. El texto plantea que la Nación, las provincias y los municipios no puedan salir del sendero de equilibrio financiero con el objetivo de evitar cualquier desvío del resultado fiscal.
La propuesta determina que el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar siempre un resultado equilibrado o con superávit. Además, deja en claro que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario”. Con esa premisa, busca impedir que el Congreso apruebe números en rojo.
El proyecto contempla un mecanismo de ajuste para el caso de que la ejecución del presupuesto empiece a mostrar caídas en los recursos o aumentos en los gastos que puedan poner en peligro el cumplimiento de la regla fiscal. En ese escenario, el Jefe de Gabinete quedará habilitado para adoptar recortes y modificaciones con el fin de restablecer el equilibrio, previa presentación de un Informe de Sustentabilidad Fiscal.
Las reducciones deberán aplicarse primero sobre las partidas que no cuenten con una ejecución mínima fijada por ley. Al mismo tiempo, se refuerzan las restricciones para los funcionarios, ya que se establece que “ningún funcionario de la Administración Pública Nacional podrá asumir compromisos de pago ni ejecutar, autorizar, aumentar o modificar gastos que no se encuentren autorizados en la ley de presupuesto general vigente”. También se ordena que el Poder Ejecutivo se abstenga de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gastos primarios.
En el plano legislativo, la norma incorpora el Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, que será obligatorio para cualquier proyecto que implique gastos, afecte recursos o modifique el funcionamiento financiero del sector público. Ese informe deberá detallar el impacto de la medida y señalar qué fuente de financiamiento permitirá mantener la consistencia con la regla fiscal.
Además, se introduce la figura de “Vigencia Diferida” para las leyes que establezcan gastos no contemplados en el presupuesto. De acuerdo con el texto, esas normas solo regirán luego de que sus partidas sean incorporadas expresamente en la próxima ley de presupuesto, salvo que la propia iniciativa garantice su financiamiento mediante “recursos concretos, específicos, actuales y suficientes”.
El proyecto también avanza en un capítulo de nulidades y sanciones penales. Por un lado, declara que toda norma que viole las reglas fiscales será nula “de nulidad absoluta e insanable”. Por otro, incorpora dos figuras al Código Penal para castigar a los funcionarios que incumplan.
La primera es la Sanción Penal por Gasto Irregular, que prevé prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta para el funcionario que modifique o incremente gastos sin los recursos previstos y acreditados en el presupuesto. La segunda es la Sanción Penal por Emisión Irregular, que fija entre tres y diez años de prisión, también con inhabilitación absoluta, para cualquier integrante del Banco Central que ordene, autorice o ejecute emisión monetaria violando su Carta Orgánica.
En ambos casos, el texto apunta a evitar que se rompa la regla fiscal o la regla monetaria que la iniciativa considera esenciales para sostener un esquema de equilibrio en las cuentas públicas.
Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.
