El Gobierno volvió a pisar el freno en uno de los cambios más esperados, y a la vez más resistidos, dentro del sistema judicial federal. El Ministerio de Justicia de la Nación decidió suspender nuevamente la implementación del sistema acusatorio en los fueros Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires y Penal Económico, ambos con sede en el edificio de Comodoro Py 2002.
La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) estaba prevista para el 10 de noviembre, pero la medida encontró una fuerte oposición por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF). Desde hace meses, los fiscales vienen alertando que “no están dadas las condiciones para avanzar” con una reforma que implica un cambio profundo en la estructura judicial.
La decisión fue tomada por Sebastián Amerio, secretario de Justicia, quien asumió la responsabilidad de la medida en medio de la licencia del ministro Mariano Cúneo Libarona. Según trascendió, la nueva fecha tentativa para la puesta en marcha del sistema rondará los primeros días de abril de 2026, aunque el Ministerio de Justicia aún no publicó la resolución oficial, que se espera entre este miércoles y jueves.
A mediados de octubre, el procurador interino Eduardo Casal había recibido en la sede del MPF a Cúneo Libarona junto a 19 fiscales federales, quienes reiteraron sus reclamos antes de la implementación del nuevo sistema. En aquel encuentro, los funcionarios judiciales advirtieron sobre la falta de recursos humanos, edilicios y tecnológicos, así como sobre la necesidad de resolver los cargos vacantes y avanzar hacia la autarquía financiera del Ministerio Público.
El sistema acusatorio implica un cambio de paradigma: las Fiscalías asumirán el control total de las investigaciones, desplazando a los jueces del rol instructor. Bajo el modelo actual, los magistrados llevan adelante las causas y los fiscales solo intervienen si el juez lo decide. Con el nuevo esquema, los jueces se limitarán a garantizar el proceso, mientras que la investigación quedará desde el inicio en manos del MPF.
Casal explicó en una entrevista que “se trata de un cambio estructural: el Ministerio Público pasa de ser un órgano de acusación a uno de investigación y persecución penal”. Y agregó que para poder cumplir esa función “se necesita otra organización y más recursos”.
Desde la Procuración remarcan que el 46,8% de las fiscalías están vacantes y que sin cubrir esos puestos el sistema no puede funcionar correctamente. En tanto, dentro del Poder Judicial, el 32,5% de los cargos de jueces nacionales y federales también se encuentran sin titular, una cifra que refleja la magnitud de la crisis institucional.
Esta es la segunda postergación en lo que va del año. La primera se debió a problemas de infraestructura en los edificios de Retiro, tanto en Comodoro Py como en Avenida de los Inmigrantes, donde funciona el fuero penal económico, y al faltante de personal especializado. En esta oportunidad, la explicación oficial apunta a que “la prioridad es que el sistema funcione correctamente”, según indicaron fuentes del Ministerio.
En octubre, Cúneo Libarona se había comprometido a trabajar junto a los fiscales para atender sus reclamos, pero una semana más tarde presentó su renuncia al presidente Javier Milei, aunque su salida del Gabinete no llegó a concretarse. Mientras tanto, la reforma procesal penal que debía modernizar la Justicia federal porteña vuelve a quedar en pausa, a la espera de mejores condiciones.
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