El Senado arrancó una nueva semana cargado de tensión, y el oficialismo ya avisó que no convalidará las movidas opositoras para avanzar con proyectos que mejoran las jubilaciones, reactivan la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad. El plan libertario es claro: desconocer la auto convocatoria de la comisión de Presupuesto y Hacienda y bloquear cualquier intento de avanzar sin cumplir con el reglamento de la Cámara.
La estrategia del Gobierno se apoya en un punto técnico: al no haber dictámenes formales, cualquier intento de tratamiento en el recinto requerirá dos tercios de los votos. Por eso, se espera que este jueves se presente un pedido de sesión especial para discutir esos proyectos, junto con otras iniciativas sensibles como el rechazo al veto presidencial sobre Bahía Blanca.
Desde La Libertad Avanza, la reacción fue contundente. “Que uno tenga la mayoría circunstancial en una comisión o en el recinto no implica una vía libre para violar el reglamento de la Cámara alta. Es muy probable que, en las próximas horas, salga una resolución donde se precisará la invalidez de lo actuado”, señalaron desde el entorno libertario.
Los blancos predilectos del enojo libertario son el porteño Martín Lousteau, presidente de la UCR, el fueguino Pablo Blanco, y la legisladora Guadalupe Tagliaferri, del PRO pero distanciada del macrismo. Los tres participaron de la polémica reunión en Presupuesto y Hacienda, comandada por el vice de la comisión, el peronista Fernando Salino, cercano a José Mayans, ya que el titular oficialista Ezequiel Atauche se mantuvo al margen.
Los proyectos en cuestión tuvieron un tratamiento irregular: los que modifican las jubilaciones y reactivan la moratoria previsional pasaron el martes por la comisión de Trabajo y Previsión Social, mientras que la emergencia en discapacidad fue analizada de apuro el jueves en la de Población, encabezada por la camporista Estefanía Cora.
La oposición interpreta que la falta de convocatoria oficial habilita a los senadores a reunirse y firmar dictámenes. Pero el oficialismo sostiene otra cosa: que el reglamento obliga a que las iniciativas giradas a varias comisiones se traten en plenario, con todos los legisladores citados.
Así, el jueves 10 se perfila como el día en que esta pulseada tendrá su próximo capítulo. Si efectivamente se pide sesión, será necesario conseguir los dos tercios del cuerpo para tratar los temas, lo que abre un escenario de negociaciones. Aunque la oposición pareciera tener los votos, no todos los sectores están convencidos de sumarse a una agenda que tiene sello peronista, algo que incomoda especialmente a los bloques dialoguistas.
Además de los tres proyectos sociales, también se busca avanzar con iniciativas que modifican la coparticipación para beneficiar a los gobernadores, como la redistribución de Aportes del Tesoro Nacional, el fondo del combustible y otros ítems clave para las provincias. Y sobrevuela otro tema espinoso para el Ejecutivo: el tratamiento del veto de Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca, una norma que había sido aprobada con mayorías abrumadoras en ambas cámaras.
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