El fallo judicial fue emitido en forma reciente por el Juzgado Correccional N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y ha marcado un precedente significativo para la región en materia de delitos informáticos y responsabilidad en redes sociales.
La causa, iniciada por funcionarios del municipio de Carmen de Areco, avanza hacia el juicio oral contra Franco Longstaff, imputado por calumnias e injurias, pese a residir actualmente en Australia.
El caso se remonta a una serie de publicaciones realizadas en Facebook, donde el acusado difundió cuadros comparativos de supuestos "Fondos licitados vs. Fondos ejecutados". Según la denuncia presentada por el intendente Iván Villagrán, el Secretario de Gobierno Facundo Ceres y otros funcionarios, esta documentación era falsa, fraudulenta y no coincidía con los registros oficiales del sistema RAFAM ni con las auditorías del Tribunal de Cuentas.
La querella sostiene que Longstaff utilizó herramientas digitales para alterar balances económicos y crear información fraudulenta, imputando delitos de malversación a la gestión local en un contexto público.
La defensa oficial planteó una excepción de falta de jurisdicción o competencia . Su argumento central fue que, dado que las publicaciones fueron "confeccionadas" desde Australia, la Justicia argentina no tenía competencia para juzgarlo, sumado a que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión.
Sin embargo, la Justicia falló a favor de los denunciantes, representados por Liliana Milián. El juez rechazó la excepción de incompetencia basándose en la “teoría de la ubicuidad”. El fallo establece que, en los delitos cometidos "online", el hecho se considera cometido tanto donde se realiza la acción como donde se produce el resultado . Al haberse afectado el honor de los funcionarios y la percepción de los vecinos en Carmen de Areco, los tribunales de Mercedes son plenamente competentes.
Este dictamen es relevante no solo para Carmen de Areco, sino para toda la zona, ya que establece que residir en el extranjero no garantiza impunidad ante la difusión de noticias falsas que afecten a ciudadanos locales. El proceso judicial continuará ahora su curso, habiéndose rechazado las excepciones de falta de acción y jurisdicción.
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