El Senado bonaerense se apresta a definir el futuro de la Fiscalía General de San Nicolás. En apariencia, se trata de un trámite técnico. Pero detrás del pliego de Sandra Bicetti como jefa de los fiscales en toda la región, se esconde un acuerdo político-empresarial que reúne al clan Passaglia y al sindicalismo local con intereses cruzados en la salud y la justicia.
Bicetti, actual fiscal de Cámara interina, mantiene una relación sentimental con su secretaria, un hecho que ya ha generado ruido dentro del sistema judicial. Sin embargo, el verdadero eje del problema es el entramado de lealtades y favores que sostienen su candidatura.
El clan Passaglia: poder, negocios y control institucional
Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, continúa la línea de poder que inició su padre, Ismael José Passaglia, exintendente y exfuncionario provincial. Lejos de ser un proyecto personal, lo que opera en la ciudad es un verdadero clan político, con fuerte presencia territorial, manejo de fondos públicos y control sobre áreas estratégicas del Estado municipal.
Uno de los negocios más significativos de este entramado es el avance sobre el sistema de salud. El municipio entregó al Grupo Oroño hospitales construidos con fondos públicos y promovió un sistema de vouchers municipales de salud, que redirige recursos estatales a prestadores privados seleccionados sin competencia real.
Brunelli y la UOM: del sindicalismo a la sociedad anónima
En este esquema, Naldo Brunelli, histórico dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, se posiciona como socio funcional. El Sanatorio UOM adhirió al sistema de vouchers, beneficiándose del flujo de fondos públicos que antes se destinaban al sistema de salud municipal. Así, el sindicalismo que en otros tiempos defendía lo público, hoy participa de un negocio multimillonario privado, legitimado políticamente.
La fiscalía como garantía de impunidad
Con los negocios funcionando, el clan Passaglia y Brunelli necesitan blindaje judicial. Por eso impulsan a Sandra Bicetti como fiscal general del Departamento Judicial San Nicolás. Desde ese cargo, Bicetti tendrá autoridad sobre todas las fiscalías de la región (Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Colón, Pergamino, Capitán Sarmiento), lo que le otorga poder para influir en causas sensibles, incluidas las que involucran irregularidades en la administración municipal.
El pliego ya fue girado a la Comisión de Acuerdos del Senado bonaerense, que ahora carga con una enorme responsabilidad institucional: decidir si valida este pacto de poder o si frena una designación que atenta contra la transparencia, la ética y la división de poderes.
¿Un modelo para exportar?
El caso de San Nicolás no es solo un conflicto local. Es una radiografía de cómo se articulan negocios, cargos judiciales y redes políticas para garantizar impunidad. El clan Passaglia y sus aliados han convertido la salud en un negocio, y ahora buscan hacer lo mismo con la justicia.
El Senado deberá responder con coraje: ¿seguirá alimentando este modelo, o se plantará en defensa de las instituciones?
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