La historia de Enzo Alvarez es una herida abierta en la comunidad de Pergamino. Tenía apenas 5 años cuando ingresó al quirófano de la entonces Clínica General Paz, en Florida al 800 -hoy llamado Sanatorio Elán Vital- para una sencilla cirugía ocular que debía mejorar su calidad de vida. Pero una mala praxis médica lo dejó con una parálisis cerebral espástica severa, y su vida cambió para siempre.
Hoy, a los 23 años, permanece postrado, con asistencia permanente y una rutina marcada por la dependencia total.
La Justicia ya determinó hace años la responsabilidad del centro de salud, el rebautizado Sanatorio Elán Vital y del anestesista interviniente. El fallo quedó firme, la sentencia fue clara y la liquidación por daños y perjuicios está establecida. Sin embargo, ni la institución ni su responsable visible, Julián Fierro, quien firmó el convenio de pago como presidente del directorio cumple con el desembolso ordenado.
Lo más grave es que el incumplimiento se da tras un gesto de buena fe de la familia damnificada, que aceptó el levantamiento de la medida de inhibición general que pesaba sobre Clínica General Paz S.A. -anotada el 31 de octubre de 2022 bajo el N° 98 1491553/2TITULO-, con la esperanza de que ello facilitara el cobro del resarcimiento. Pero, lejos de honrar ese compromiso, Fierro mantiene una conducta evasiva y desinteresada, que bordea el desprecio hacia el sufrimiento ajeno y hacia la autoridad judicial.
A ello se suma otro dato que agrava el cuadro. Tampoco cumple con el pago de los salarios mínimos, vitales y móviles para Enzo Alvarez desde hace cinco meses. Es decir, elude un fallo judicial firme, de todas las formas.
Enzo, que ingresó a la sala de operaciones por una leve anomalía ocular -microftalmia-, sufrió un paro cardíaco durante la intervención y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “San José”, donde se confirmó el daño neurológico irreversible. Más tarde, especialistas del Hospital Garrahan ratificaron el diagnóstico. Desde entonces, su vida y la de su familia quedaron devastadas.
El derrotero judicial fue largo: el fallo inicial que daba la razón a los padres fue revocado por la Cámara de Apelaciones, pero finalmente la Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificó la condena al centro de salud.
La responsabilidad, determinó el juez Bernardo Louise, era objetiva: el anestesista actuaba bajo la órbita de la clínica y por tanto la institución debía responder.
Nada de eso parece importar hoy a quienes conducen y administran el establecimiento. El cambio de nombre a “Elán Vital” no alcanza para borrar el pasado ni las deudas morales y judiciales que lo persiguen.
El silencio, la desidia y el incumplimiento se convirtieron en la única respuesta de un centro de salud que, en lugar de reparar el daño causado, sigue acumulando faltas y desprestigio.
La respuesta tiene nombre, dirección y responsables. Lo que aún falta, y duele, es Justicia efectiva para una personita -y su familia- a quienes la vida le cambió para siempre.
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