El juez Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, se declaró incompetente para tratar el amparo electoral que pretendía mantener la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como legisladora provincial bonaerense.
En nombre de la agrupación “Abogados Solidarios”, en las últimas horas del jueves 12 de junio un letrado había interpuesto un amparo ante el Juzgado Electoral de La Plata con un objetivo claro: garantizar el derecho a elegir a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral bonaerense en los comicios del 7 de septiembre de 2025.
El escrito presentado por el abogado Daniel Llermanos -ex juez penal- no habla sólo de un trámite jurídico. Hay algo más partidario en la declaración del demandante: “Esta inhabilitación afecta directamente mi derecho fundamental a elegir a la candidata de mi preferencia, restringiendo la oferta electoral y vulnerando mi libertad de elección”.
Llermanos invoca en su presentación artículos claves de la Constitución Nacional (1, 37, 38) y apela también a tratados internacionales con jerarquía constitucional. La demanda se apoya no sólo en la letra de la ley, sino en el espíritu democrático: el derecho al sufragio libre, al acceso irrestricto a la oferta electoral y a no ser privados, por vericuetos judiciales, de elegir a quien represente nuestros deseos y convicciones.
La figura de Cristina, en el centro de una tormenta política y judicial, se convierte una vez más en punto de encuentro y de fractura. Su candidatura a legisladora provincial fue anunciada el pasado 2 de junio, en un gesto que parecía abrir una nueva etapa.
Ocho días después, el 10 de junio, la Corte Suprema ratificó su condena en la causa Vialidad, dejándola inhabilitada para ejercer cargos públicos. Un golpe certero y definitivo desde lo jurídico, pero que, lejos de silenciarla, la reubicó —como tantas veces— en el terreno simbólico, el de las batallas culturales, emocionales y populares.
La presentación pide suspender todo acto que impida la postulación de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de la condena que —según la Corte— le impone seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
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