La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, registró 8 muertes en contexto de encierro en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) entre el 1° de enero y el 30 de junio pasados. La información estadística es parte del Informe Fallecimientos en contextos de encierro, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.
La cifra representa una baja significativa en la cantidad de casos de fallecimientos en relación al mismo periodo del 2022, cuando hubo 17 muertes, y con el informe anual de muertes del mismo año, que había arrojado un total de 42 fallecimientos.
El documento tiene como objetivos identificar, tipificar y dimensionar las muertes de personas encarceladas en establecimientos penitenciarios federales. Tipifica los fallecimientos según su modalidad y los clasifica como producto de hechos “traumáticos” o “no traumáticos”.
En este marco, el trabajo señala que, del total de muertes ocurridas en el período analizado, 5 se produjeron de manera no traumática y sucedieron como desenlace de padecimientos físicos y/o de enfermedades diagnosticadas, mientras que otros 3 fallecimientos ocurrieron como resultado de actos lesivos.
El informe puntualiza que, en 3 casos de muertes no traumáticas, la PROCUVIN impulsó el inicio de investigaciones mediante la presentación de una denuncia, mientras que se iniciaron investigaciones judiciales de oficio en los 3 casos de muertes traumáticas registrados y en otros 2 en los que el SPF no informó la causa de muerte.
En relación a la distribución de los casos de fallecimientos según los establecimientos, el documento indica que 5 ocurrieron en unidades penales que se encuentran fuera de la zona metropolitana. La Unidad N° 7 de Resistencia y el Complejo Penitenciario Federal (CPF) II de Marcos Paz registraron 2 fallecimientos cada una y son las cárceles con más casos en el periodo. En tanto, las siguientes registraron un caso cada una: el CPF I de Ezeiza, el CPF VI de Mendoza, la Unidad N° 6 de Rawson y la Unidad N° 35 de Santiago del Estero.
Por otro lado, el informe precisa que 5 de las personas fallecidas llevaban menos de dos años detenidas y que otras 3 llevaban menos de un año privadas de su libertad. Finalmente, 7 de las 8 personas fallecidas tenían condena firme.
La PROCUVIN indica que 6 muertes se produjeron en un hospital extramuros y las otras 2 en los lugares de detención.
La fiscalía especializada ofrece asimismo datos relativos a la franja etaria de las personas fallecidas y señala que su edad promedio fue de 50 años (la más joven tenía 27 años y la mayor, 73). Todos los casos de muertes del período estudiado corresponden a hombres. La mayoría eran argentinos; solo 1 era migrante, de nacionalidad española.
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