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Leandro Peñaloza denunció que falsificaron su sello en auditorías de pensiones en Discapacidad

El cardiólogo pergaminense apareció como firmante en actas de auditorías que jamás realizó, razón por la cual se presentará en la Justicia. Pero no es el único profesional de nuestra ciudad involucrado: el otro es Claudio Lapetina, aunque no se expresó públicamente

El escándalo por las auditorías de pensiones por invalidez en Misiones alcanzó de manera inesperada a Pergamino, a partir de una publicación de biciperiodismo.

Leandro Peñaloza fue sorprendido al descubrir que su nombre y sello como profesional aparecía en constancias entregadas a beneficiarios de pensiones, sin haber participado en los controles ni tener relación alguna con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

También se ve en las filmaciones ofrecidas por las personas denunciantes actas que tienen la firma de otro médico de Pergamino: Claudio Lapetina. Ambos profesionales atienden en la exClínica General Paz, uno de los centros de salud más cuestionados a partir del cambio de propietarios.

Las denuncias de los propios pensionados en la ciudad de San Ignacio destaparon la maniobra: en lugar de ser atendidos por especialistas, los convocados fueron recibidos en un antiguo restaurante, sin condiciones sanitarias, donde estudiantes los “evaluaban” y luego se les entregaba un papel con firmas y matrículas falsificadas. Entre ellas, la de Leandro Peñaloza, según denunció.

 

“Usurpación de identidad”

Peñaloza, con más de medio siglo de trayectoria, aseguró sentirse víctima de una maniobra fraudulenta. “Alguien utilizó un sello profesional a mi nombre que es evidentemente falso. La tipografía no coincide y la firma no se parece en nada a la que utilizo desde hace años”, explicó.

El profesional confirmó que radicará una denuncia penal. “En 54 años de ejercicio de la medicina, nunca me había ocurrido algo así. Es una usurpación de identidad que no pienso dejar pasar”, remarcó.



El trasfondo en Misiones

Mientras tanto, en la provincia de Misiones el Gobierno local presentó un recurso de amparo para frenar las auditorías, al denunciar que al menos un centenar de beneficiarios fueron intimidados con la amenaza de perder sus pensiones si no asistían a la “evaluación”.

La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, advirtió que el proceso careció de transparencia: “No se puede garantizar seriedad cuando no hay médicos ni profesionales a cargo”.

 

Un escándalo nacional

El caso se suma a la polémica generada por la suspensión de más de 111 mil pensiones a nivel nacional y por las denuncias de presuntas coimas que motivaron la salida del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Para nuestra ciudad, sin embargo, el episodio tiene un costado particular: la utilización indebida de la identidad de al menos un médico de trayectoria, que ahora se ve obligado a dar explicaciones por hechos en los que nunca participaron.

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