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Los sicarios rosarinos que se equivocaron y mataron al chofer de un exdiputado nacional

Un preso de Piñero y un joven que compró el auto que se usó para matar al sindicalista Mauricio Cordara en Colón, provincia de Buenos Aires, fueron imputados. El autor material del homicidio está identificado

“Le regatilló. Le dieron al que no era”. La frase en boca de un preso de la cárcel de Piñero, que vendió el auto que se usó el 18 de noviembre pasado en la ejecución de Mauricio Cordara en Colón, provincia de Buenos Aires, confirma que los sicarios rosarinos debían matar ese día al exdiputado nacional de Juntos por el Cambio Pablo Ansaloni.

El político y alto dirigente del gremio de UATRE, que perdió el 21 de diciembre en las elecciones en el gremio, se salvó por una casualidad. Ese día estaba con actividades por la campaña en Misiones, y no pudo regresar a Buenos Aires, para cumplir la rutina de todos los viernes: volver en su auto un VW Vento a su casa en Colón, de donde es oriundo, con sus dos hijos. Su lugar lo ocupó ese día su chofer y guardaespaldas Mauricio Cordara, que cuando estacionó el auto en la puerta de la casa de su jefe apareció un sicario y lo mató. A pocos centímetros estaba el hijo del exlegislador nacional, que salió ileso.

El sicario y sus dos cómplices viajaron en un Palio rojo desde Rosario, según detectó la investigación, y tras cometer el asesinato retornaron a la ciudad. Los autores materiales del crimen, que provocó una fuerte conmoción en el ambiente sindical y político, aún no fueron detenidos, pero están identificados. Este viernes se realizó la imputación contra Ángel Ochoa y Fernando Burgos, el primero un preso que está alojado en Piñero, que fueron acusados, primero en Rosario y luego en la provincia de Buenos Aires, por encubrimiento y como partícipes del crimen.

Este caso tuvo la particularidad de que el crimen ocurrió en territorio bonaerense, pero las investigaciones se realizaron en Rosario, debido a que los autores materiales viven en esa ciudad. Por ese motivo gran parte de la información que tiene la causa, que sigue la fiscal de Colón Magdalena Brandt, proviene del trabajo que realizó el área de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo del comisario Damián Meza.

 La clave para empezar a esclarecer el crimen fue el secuestro del auto que se usó para matar a Cordara. El 28 de noviembre, diez días después de la ejecución, agentes de la AIC detuvieron a Ramón Vallejos, miembro del clan Romero, padre de Hernán Vallejos, conocido como Lichi Romero, con el vehículo en la estación de servicio de Baigorria y Circunvalación.

Los Romero son una histórica banda que, como la mayoría, se dedicaba a los delitos comunes, como entraderas y robos, y derivó a un perfil con una base de recaudación en el manejo de la venta de drogas en esa zona cercana a la ruta 34. También como ocurre con otras organizaciones criminales, como Los Monos, es un clan familiar, liderado por Lichi que está preso y fue condenado en octubre de 2018 a 20 años de prisión por una ristra de delitos violentos.

Hasta ahora la única relación entre el crimen y los Romero es Ramón Vallejos, que fue imputado este viernes y está detenido. Este hombre fue detenido con el Palio que se usó en el asesinato. De acuerdo a las escuchas que figuran en la investigación le dieron el auto para quemarlo y en vez de destruirlo se lo quedó unos días. En ese lapso fue detenido con el rodado.

El auto fue robado en Esteban Echeverría, conurbano bonaerense, el 30 de agosto pasado. De ahí fue para Rosario, con una patente robada. Lo compró un ladrón de autos Ángel Ochoa, que está preso en el pabellón Nº20 de Piñero. Es un hombre que se dedica a ese rubro delictivo, conocido como el “emponchado”, robar y adulterar autos con documentación apócrifa que luego se venden.

Tres días antes del crimen, Ochoa recibió un mensaje al celular que tenía en la cárcel de parte de Fernando Burgos, un joven que buscaba un auto para cometer un delito. “Necesito uno como los de Miami. Es para hacer un trabajo y descartarlo”, le contó Burgos al recluso, especialista en robo de vehículos. Según los investigadores, la referencia a Miami tiene que ver con el juego GTA, que trata de ladrones de autos, y la sexta edición transcurre en esa ciudad.

Ochoa, quien no tenía ni idea del GTA Miami, le contestó que tenían un auto disponible, “un Palio rojo”. Estaba muy lejos de los Camaro que aparecen en el juego. Lo tenían “guardado” en un galpón en México y Nicaragua, en el barrio Empalme Graneros. El que se ocupó de entregar el auto es Blas Sosa, una especie de empleado de Ochoa que a diferencia de su jefe estaba en libertad, pero surgió un problema porque el vehículo tenía una cubierta pinchada y no tenía patente, ya que habían descartado la que llegó con el auto.

Blas Sosa consiguió la chapa –tenía decenas en el galpón- y recién el 17 de noviembre a las 11 de la mañana, un día antes del crimen, entregó el auto a Burgos, a cambio de 590.000 pesos. En un allanamiento que se realizó el lunes pasado en la casa de la mujer de Blas Sosa secuestraron 3.600.000 pesos y 2.400 dólares, que sería fruto de la venta de autos robados.

Burgos es quien entregó el auto a los sicarios, que están identificados, pero aún no pudieron ser detenidos. El sospechado es un hombre al que apodan Calamar, que –de acuerdo a la investigación- sería el que habría ejecutado a Cordara por error, porque el blanco del ataque era el exdiputado nacional Pablo Ansaloni. Este sicario viajó en el Palio rojo, con otros dos jóvenes. Uno de ellos conducía el auto, como registraron las cámaras de seguridad de Colón y de otras localidades ubicadas en el tramo a Rosario.

 Lo que aún es un misterio y no hay una hipótesis clara es quién o quiénes ordenaron matar al exdiputado. En un principio asomó como la principal sospecha en la fiscalía a cargo de Magdalena Brandt la posibilidad de que se tratara de una interna gremial de UATRE, gremio que estaba en plena ebullición en medio de la campaña electoral y con denuncias cruzadas entre Ansaloni y el actual secretario general Víctor Voytenco.

El sindicato de peones rurales fue conducido desde 1992 por Gerónimo “Momo” Venegas, que pasó a manejar un año después la obra social, luego de que lograra que el entonces presidente Carlos Menem transformara por decreto el Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines en la actual OSPRERA, que hoy tiene una caja de 2.800 millones de pesos. Venegas condujo la entidad sin disidencias internas hasta el 26 de junio de 2017, cuando falleció.

La muerte de Momo, que había creado el partido FE en 2013, le sirvió a Ansaloni para llegar a ser diputado nacional por Cambiemos. Ocupó ese lugar en la Cámara baja porque Ramón Ayala, quien había sucedido a Momo en UATRE, cargaba con algunas desprolijidades sobre sus espaldas, que no representaban una amenaza en el gremio pero sí en el Congreso de la Nación. Ayala falleció tras contraer covid en octubre de 2020 y el manejo del sindicato quedó en manos de Voytenco, un dirigente chaqueño, y la obra social a cargo de Ansaloni, que en 2019 formó bloque propio en el Parlamento con otros siete legisladores del interior, se fue de Juntos por el Cambio, y a se acercó al massismo.

Las tensiones por la conducción del gremio se agudizaron en los últimos meses. En el congreso de UATRE que se realizó en setiembre en Parque Norte se produjeron incidentes, que incluyeron golpes y agresiones con gas pimienta. Voytenco logró adelantar las elecciones para diciembre, a pesar de la negativa del Ministerio de Trabajo, pero con el aval de la justicia federal de La Pampa. A su vez, Voytenco logró desplazar al sector de Ansaloni del manejo de la obra social.

Desde ambos sectores en pugna comenzaron a agitar versiones sobre el móvil del crimen de Cordara para perjudicar a la lista contraria. Finalmente, en la elección que se realizó en Bahía Blanca el 21 de diciembre pasado se impuso Voytenco.

La pregunta que se hacen los investigadores ahora es porqué ese sector sindical querría sacar del camino a Ansaloni si iba a ganar las elecciones por un amplio margen. Este nuevo contexto derivó en que la investigación se concentre en algunas actividades que realizaba el exlegislador de Juntos por el Cambio en el plano económico y financiero. Una millonaria deuda que habría contraído el dirigente gremial y que no pudo saldar –después que le sacaran el manejo de la obra social- es una punta que manejan en la causa que se tramita en Colón.

Más allá del móvil del crimen, lo que está confirmado en la investigación es que se utilizaron sicarios de Rosario para ir a matar a un exlegislador en otra provincia, como Buenos Aires.

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