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Otra vez a la carga contra la CELP: El Municipio ahora judicializó el cobro del Alumbrado Público

El Departamento Ejecutivo presentó una demanda en la Justicia por la separación del pago de la tasa, mientras el Fuero Federal analiza si le corresponde la competencia por el pedido de intervención. Un conflicto cada vez mas lejos de resolverse

Además de los expedientes que tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, donde la Municipalidad sufrió un duro revés en su pedido de intervención de la Cooperativa Eléctrica Limitada Pergamino (CELP) y quedó sin efecto la designación de un veedor y el llamado a elecciones con un  estatuto derogado, ahora se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo para pedir que, con carácter urgente, se proceda a volver a incluir la Tasa de Alumbrado en la factura de luz.

Se trata de un pedido cautelar, con el objeto de que la CELP retroceda en su decisión de separar el cobro del Alumbrado Público del consumo domiciliario, resolución bien recibida por los socios, quienes de esta manera pueden determinar cómo pagar mensualmente la boleta, que incluye dos conceptos muy diferentes. Porque, con el nuevo formato de factura, se puede evitar sufrir el corte del suministro eléctrico ante la falta de pago del Alumbrado Público. 

A propósito, es una tasa que aumentó cerca de un 200 por ciento contra un 40 de suba de la tarifa domiciliaria, lo que generó una fuerte distorsión que obligó precisamente a la CELP a separar los conceptos.

El viernes, en horas de la mañana, se desarrolló una audiencia de la que participaron las autoridades de la CELP y los funcionarios de la Municipalidad, representada por el secretario de Gobierno, Juan Manuel Rico Zini y la titular de Hacienda y Finanzas, Andrea Lamelas, en el Juzgado Contencioso Administrativo.

El juez Luciano Savignano recabó información para resolver la cuestión e intimó a las partes a presentar distintos informes.

Por un lado, a la CELP le requirió que comuniqué los ingresos percibidos en concepto de Tasa de Alumbrado Público en los últimos 12 meses -discriminado en cada período- hasta la fecha, así como las respectivas rendiciones de ese gravamen a la Municipalidad, junto a sus comprobantes de remisión de esos importes.

También el costo neto del servicio de Alumbrado Público facturado a la Municipalidad durante el último año.

A su vez, al Municipio le solicitó que remita copia del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio del 2022, en el cual deberá estar plasmada la estimación de ingresos en concepto de Tasa de Alumbrado Público. Además, un informe documentado respecto del destino y afectación acordada a los ingresos en concepto de ese tributo, establecido en el Presupuesto Municipal u otras normas relacionadas, todo lo cual surge del trámite que es público en la Mesa Virtual del Poder Judicial.

 

¿Interviene la Justicia Federal?

En el marco de la judialización impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, hubo algunas novedades en el fuero Civil y Comercial.

Fuentes del área de Letrada de la Comuna, se habían mostrado confiados en que la Cámara de Apelaciones resolvería rápidamente en su favor el pedido de volver a la cautelar original dictada por el magistrado Ramiro Guerrico, pero la Justicia estableció suspender el trámite hasta que se lleve adelante una audiencia, a mediados de mes, por lo que -salvo que en ese encuentro las partes resuelvan sus conflictos-, difícilmente la situación podrá zanjarse antes de fin de año.  

Al actual estado de situación se le suma que el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, a instancias del Fiscal Federal Matías Felipe Di Lello, solicitó copias certificadas de los expedientes para evaluar su posible competencia, debido a las pretensiones en donde necesariamente deberá intervenir el organismo de control de las cooperativas: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La sola intervención de éste ente nacional, como pasa con los procesos donde intervienen las obras sociales o el Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, obliga a que todo el trámite pase a manos de Justicia Federal, que para Pergamino tiene sus sedes en San Nicolás.

La historia entre la CELP y el Gobierno Municipal no logró más que generar inconvenientes donde nos los había. Otro ejemplo categórico donde la intromisión de la política en la vida interna de una entidad social nunca es conveniente ni saludable.  

 

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