Mientras el Gobierno libertario prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre, en la oposición dialoguista ya volvió a encenderse la alarma por el Presupuesto 2026. El oficialismo había logrado un dictamen fugaz en Diputados, pero su caída con el fin del período ordinario obliga a reiniciar el trámite. En ese contexto, municipios y provincias comenzaron a rechazar el artículo 30, el punto que habilita nuevos recortes sobre fondos actualmente destinados a educación y defensa.
Con el recuerdo todavía fresco de la disputa legislativa por las universidades, ese artículo específico ya recibió críticas de la Cámara alta correntina y del Concejo Deliberante de Florencio Varela. Lo que propone la administración nacional es derogar una serie de disposiciones que hoy garantizan financiamiento educativo, científico, tecnológico y militar. Entre ellas, el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.
El primer punto es el más sensible, porque asegura que “el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación no será inferior al seis por ciento del PBI”. Sin esa garantía, las provincias advierten un impacto directo sobre los recursos que hoy sostienen escuelas y programas clave.
Algo similar ocurre con las partidas para ciencia y tecnología, aunque en un volumen menor. El tercer apartado afecta de lleno a la educación técnico profesional, ya que crea un fondo especial equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Presupuesto Nacional, destinado a obras, equipamiento y materiales formativos que se suman a otros planes del ministerio correspondiente. Desde Florencio Varela remarcaron que esos fondos sostienen “construcción, ampliación y refacción de infraestructura, equipamiento para los entornos formativos, materiales para proyectos de estudiantes y programas de acompañamiento para sostener las trayectorias educativas”.
La respuesta más dura surgió en Corrientes, donde el Senado provincial expresó su “contundente rechazo” al artículo por considerar que afectará el funcionamiento de 170 escuelas técnicas del territorio y que, incluso, “restringe el derecho a la educación de miles de jóvenes”. En simultáneo, el debate también alcanzó al financiamiento militar: el Gobierno busca modificar el esquema del FONDEF, que prevé porcentajes crecientes sobre los ingresos corrientes del Presupuesto Nacional (0,35% en 2020, 0,5% en 2021, 0,65% en 2022 y 0,8% desde 2023 en adelante). Será un desafío para el nuevo ministro, el militar Carlos Presti, que asumirá con otras tensiones pendientes dentro del área.
Todo esto ocurre con los tiempos al límite. Si la Casa Rosada aspira a llegar a fin de año con el presupuesto aprobado, deberá lograr un dictamen inmediato apenas arranquen las extraordinarias y forzar una votación rápida en Diputados. Recién así podría dejarle al Senado un margen de dos semanas para emitir despacho y cumplir el plazo reglamentario de siete días, ya que no contará con los dos tercios necesarios para tratarlo sobre tablas.
De alcanzar esa instancia, la Cámara alta podría sesionar incluso el lunes 29, siempre que las negociaciones (cerradas entre cúpulas políticas) avancen sin sobresaltos. En paralelo, el Ejecutivo ya proyecta que, una vez superado este proceso, comenzarán otras discusiones sensibles: inocuidad fiscal, reforma laboral y la reforma integral del Código Penal. Una agenda cargada que, según anticipan en el oficialismo, se estirará sin pausa hasta febrero de 2026.
Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.
