Con el fuerte apoyo recibido en las urnas, el Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma laboral, una de las piezas centrales del programa económico de Javier Milei. El Presidente confirmó que la iniciativa será la primera etapa de un paquete de reformas estructurales que incluirá, luego, la tan anunciada reforma tributaria. “Tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible y terminar con la evasión. Pero antes debe haber una modernización laboral”, explicó el mandatario, quien también advirtió a los gremios: “Si los sindicatos piensan esto como negocio, están liquidados”. No obstante, desde los gremios aseguran que el Gobierno “busca volver al siglo XIX en materia de derechos laborales”.
El proyecto, impulsado por la diputada Romina Diez, cercana a Karina Milei, lleva por título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. La propuesta —que había quedado fuera de la Ley Bases tras la negociación con la CGT en 2024— busca modernizar las relaciones laborales, reducir la informalidad y promover la contratación formal mediante incentivos fiscales.
Según el texto del proyecto, se trata de “institucionalizar un modelo económico que actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado”. La iniciativa introduce reformas en más de una docena de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, además de un régimen de beneficios fiscales para nuevos empleos y un capítulo especial para el trabajo agrario.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, exejecutivo del Grupo Techint y principal redactor del DNU 70/23, es uno de los artífices del proyecto. Su idea de “negociaciones dinámicas” por empresa y productividad recuerda las reformas laborales de los años noventa impulsadas por Domingo Cavallo.
El texto, debatido en el Consejo de Mayo con representantes empresariales y sindicales, busca convertirse en “el puntapié de una nueva etapa de transformaciones”, se aseguró.
Sin embargo, la CGT mantiene una posición de rechazo. “La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral”, advirtió Gerardo Martínez (UOCRA) en un comunicado, reiterando el “rechazo categórico a cualquier intento de flexibilización”.
Por su parte Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, indicó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional podría significar “un retroceso histórico en los derechos laborales” y alertó sobre el intento de volver a un modelo de relaciones laborales “propio del siglo XIX”.
Campos aseguró que estas reformas parten de la idea de que trabajadores y empleadores están en igualdad de condiciones, algo que “es falso y desconoce la historia de las luchas obreras”. También advirtió que la lógica de desregulación “nos lleva a una época donde el Estado no intervenía y los trabajadores podían ser explotados sin límites”.
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