Los “vulnerables”, los “excluídos”, los “discriminados”, así se los denomina a los alumnos cada vez que se intenta ocultar o secuestrar los derechos de los niños.
El caso se desprende de las repercusiones que tuvo la noticia de la suspensión del servicio de transporte escolar a los establecimientos del partido.
Una mamá, comentó que su hijo, un alumno de tercer grado, no ha podido comenzar a cursar porque no dispone de vehículo que lo traslade a la escuela a la que lo derivaron por su condición de "hiperactivo".
El año pasado tramitó la reubicación tras varios meses de soportar la discriminación a la que era sometido en una escuela de la ciudad que era la más próxima a su domicilio.
La mujer ya habló con la directora, se presentó en el Consejo Escolar, buscó un transporte privado, pero pudo aún solucionar la situación.
Ella trabaja y su hijo está condenado a quedarse en casa y sin actividad escolar. Lee, escribe y dibuja muy bien, pero no ha podido compartir sus tardes con sus compañeros.
Los hechos se precipitaron durante 2023, cuando el niño asistía al colegio que le correspondía y que, como todos, tiene la obligación de procurarle una maestra integradora y refuerzos emocionales para transitar la adaptación que por derecho le corresponde a quienes se encuadran dentro de la neurodiversidad.
Tampoco tiene diagnóstico porque aún no pudo llevarlo al neurólogo a Buenos Aires para comenzar a gestionar los servicios que necesita, ya que tiene una obra social que lo ampara.
“Una docente me dijo, me sugirió, que lo cambiara a cierta escuela, que eso no lo deben hacer. La escuela era una escuela rural. Al principio, por un tiempo, me lo estuvieron llevando, pero teníamos que solicitar el colectivo, el transporte. El transporte lo solicitamos y nunca llegó el pedido, nunca llegó la solicitud ni la aceptación. Este año, a principio del año me comunico con la directora y la directora me dice que no han tenido ninguna respuesta”, contó la mamá respecto a cumplir con su responsabilidad de mantener la escolaridad de un chico de ocho años.
Con ese panorama se encuentra hoy, resignada a perder un año completo porque de ningún modo puede trasladar tantos kilómetros a un menor que debe viajar desde la zona de calle Caroni al 1000 hasta La Buena Moza.
Una situación intolerable e irreversible, si se toma en cuenta que en sus cortos ocho años también atravesó los dos años de pandemia en los que tampoco asistió a clases presenciales.
Ante esta realidad sólo se puede dar a conocer el caso y pedir que las autoridades intervengan porque está claro que nadie ha percibido que “falta un alumno” en esa comunidad educativa.
La familia no puede costear un remís, el transporte público lo deja sobre la ruta y la derivación a una escuela más cercana parece una utopía.
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