Las Carmelitas Descalzas "han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica, por un lapso de más de 20 años", sostuvo la jueza en la resolución que también comprende al sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval, que también habían sido denunciados por las monjas.