La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar al recurso de la Fiscalía Federal de San Nicolás y ordenó la prisión preventiva del funcionario de la Aduana Ademar Alberto Gutiérrez, a quien además confirmó el procesamiento por enriquecimiento ilícito, falseamiento de declaraciones juradas y lavado de activos agravado en carácter de autor. En la misma resolución el tribunal confirmó los procesamientos de la esposa y del hijo del funcionario por los mismos delitos, en carácter de partícipes necesarios.
La resolución judicial a cargo de Matías Di Lello, hizo lugar al único agravio planteado por el MPF tras el auto de procesamiento. El recurso fue interpuesto por el fiscal Wenceslao Insua porque el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Russo había negado el pedido de prisión preventiva para el funcionario aduanero.
La investigación judicial sobre Gutiérrez se inició en 2016, luego de que la propia Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduandas (AFIP-DGA) realizara una auditoría interna para determinar inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario en relación con su patrimonio y del contraste de aquellas declaraciones con las presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
"Se puede concluir la autoría de Ademar Alberto Gutiérrez en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, ya que del plexo probatorio surge un apreciable incremento patrimonial sin justa causa aparente producido a lo largo de su desempeño en la Aduana de San Nicolás, es decir, que excede recidamente las posibilidades económicas emergentes de los ingresos normales que percibe como funcionario del ente recaudador Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGA)", sostuvieron los camaristas José Guillermo Toledo (cuyo voto lideró el acuerdo) y Aníbal Pineda.
En tal sentido, agregaron que "no cabe duda que todas las inconsistencias descriptas resultaron demostrativas de que Ademar A. Gutiérrez falta a la verdad en sus declaraciones juradas, reflejando discordancias con su realidad económica, pudiendo inferirse que el imputado aquí en trato actuó con conocimiento y voluntad de inducir a error sobre su situación patrimonial con el objeto de evitar poner de manifiesto las diferencias advertidas entre sus ingresos y su patrimonio".
En esa línea, los jueces de la Cámara señalaron que Luciano León Gutiérrez y Analía Liliana Catalani, hijo y esposa del principal imputado, fueron "personas interpuestas para hacer posible el incremento patrimonial delictivo". Indicaron que "la responsabilidad de estos participes sería simular el enriquecimiento patrimonial injustificado, lo cual se explica en la colaboración prestada para 'disimular' el incremento patrimonial del funcionario público Gutiérrez".
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